Gobierno presenta Ley de Rescate Económico ante el Congreso

La administración del presidente Abelardo De La Espriella radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico. Esta propuesta legislativa contiene una serie de reformas tributarias junto con una disminución del gasto burocrático nacional.

Sobre el objetivo central de la iniciativa, el vicepresidente José Manuel Restrepo declaró: «El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo. Presentamos esta ley para salvar a Colombia de la quiebra, evitar la pérdida de 360.000 empleos y prevenir una recesión». Asimismo, el documento confiere facultades para comercializar bienes estatales improductivos y establece que el 10 por ciento de la población con ingresos más elevados asumirá el 9 por ciento de la recaudación proyectada.

Modificaciones al régimen del IVA y fin de tarifas especiales

El proyecto mantiene la tasa general del IVA en 19 por ciento y suprime, desde 2028, la tarifa preferencial del 5 por ciento. A partir de esa fecha, bienes como café, pastas, aceites, azúcar, chocolate y los contratos de medicina prepagada tributarán al 19 por ciento. Dicho porcentaje general también comprenderá a las bebidas alcohólicas, bicicletas eléctricas, automóviles híbridos y eléctricos, al tiempo que el servicio de internet enfocado en los estratos 1, 2 y 3 dejará de contar con exención.

Adicionalmente, se retirará el beneficio de exención a elementos tecnológicos e insumos agropecuarios como frutas y verduras frescas, café en grano, maíz, sal, abonos, plaguicidas, tractores, paneles solares, computadores y celulares. Por su parte, mantendrán la exclusión de este tributo bienes básicos y servicios esenciales entre los que figuran papa, yuca, arepa, pan, panela, agua, gas domiciliario y energía. Paralelamente, cualquier compra internacional canalizada por plataformas de comercio electrónico deberá pagar IVA sin importar el monto de la transacción.

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Compensación social y calendario para los hogares

El articulado contempla un mecanismo de devolución total del IVA destinado a 35 millones de ciudadanos pertenecientes a los sectores de menores ingresos, determinado mediante la focalización del gasto social. Las familias que perciban ingresos mensuales de hasta 3,4 millones de pesos accederán al beneficio, recibiendo una media de 213.000 pesos mensuales por hogar, con un tope de 288.000 pesos, recursos que llegarán a través de la llave de pago digital.

El desembolso periódico regular arrancará en enero de 2028, apoyado en un esquema de masificación de la factura electrónica coordinado con la Dian. No obstante, los beneficiarios obtendrán un pago por adelantado a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

Incentivos tributarios para empresas e inversión extranjera

En el plano del impuesto sobre la renta para compañías, la iniciativa propone:

Una tarifa general de renta corporativa que disminuirá al 33 por ciento en 2027 y descenderá al 31 por ciento en 2028.
La implementación del régimen Ruge, el cual fijará una tarifa preferencial del 20 por ciento para organizaciones que ejecuten inversiones durante los años 2027 y 2028.
Un cobro especial de renta del 26 por ciento para aquellas entidades que concreten inversiones a lo largo de 2029.

Recortes en la administración pública y uso de recursos

La propuesta contempla achicar el tamaño del Estado en un 15 por ciento mediante diversos controles presupuestales. Para 2027, las partidas destinadas a prestación de servicios experimentarán un recorte del 50 por ciento y sus posteriores ajustes estarán atados exclusivamente a la inflación. En 2028, las erogaciones salariales de las entidades del Presupuesto General de la Nación —con exclusión de la Fuerza Pública— deberán bajar un 20 por ciento, permitiendo que en 2029 y 2030 solo crezcan un tope de 0,5 puntos porcentuales por encima del índice inflacionario. Pese a estas directrices, se mantendrá la garantía de que las remuneraciones individuales de los trabajadores públicos crezcan conforme al costo de vida.

El plan gubernamental también limitará la compra pública de bienes y servicios a la variación inflacionaria entre 2027 y 2030, imponiendo reglas de austeridad sobre viáticos, publicidad y papelería. Asimismo, se revisarán más de 250 transferencias que fraccionan los recursos y se utilizarán los remanentes de liquidez de 50 fondos públicos. Finalmente, los fondos especiales y encargos fiduciarios trasladarán sus excesos financieros al Tesoro Nacional, dejando por fuera de estas medidas los recursos asignados a salud, pensiones, educación básica y agua potable.