Villavicencio, Meta – En un acto significativo para la política agraria del país, el presidente Gustavo Petro, acompañado por la ministra de Agricultura, Martha Lucía Carvajalino, y la directora encargada de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Deisy Gómez, lideró la entrega de 12.643 hectáreas a 464 familias campesinas en el departamento del Meta. La jornada, celebrada en Villavicencio ante más de 5.000 campesinos, comunidades étnicas y ciudadanos, no solo simboliza el cumplimiento de promesas gubernamentales, sino que también busca catalizar la producción agrícola y la justicia social en una región históricamente afectada por el conflicto y la tenencia irregular de la tierra.

Esta entrega se suma a un total de 77.118 hectáreas adjudicadas en el Meta durante el cuatrienio presidencial, beneficiando a 2.328 familias. Adicionalmente, se han formalizado 189.983 hectáreas, brindando seguridad jurídica a 4.758 familias rurales. La iniciativa viene acompañada de una inversión de 4.362 millones de pesos destinados a fortalecer proyectos productivos rurales en los municipios de San Martín, Puerto Gaitán, Puerto López y Puerto Lleras, impulsando cultivos como arroz, maíz, soya, sandía y ahuyama.

Orígenes de la tierra: de la ilegalidad a la producción legítima

Los predios entregados comprenden bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que fueron adquiridos por la ANT, así como baldíos de la Nación recuperados. Un aspecto central de esta política es la restitución de tierras que en el pasado estuvieron vinculadas a actividades ilícitas. Como señaló el presidente Petro, muchas de estas hectáreas fueron apropiadas indebidamente por narcotraficantes o redes criminales, un fenómeno que ha marcado la historia de violencia en Colombia.

  • La Primavera (Puerto López): 1.700 hectáreas entregadas a 98 familias campesinas, con un pasado ligado a lavado de activos.
  • Haciendas La Begonia y El Recuerdo (Puerto López): 292 y 96 hectáreas respectivamente, asociadas a procesos de extinción de dominio contra Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias “Coletas”.
  • Predios La Esperanza, San Diego, San Pedro y La Cuña (Restrepo): Suman más de 21 hectáreas, anteriormente bajo el dominio de la familia Romero Salamanca, acusada de ocultar recursos del narcotráfico de Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco Barrera”.
  • Predio Tamanaco (San Martín): Un baldío de 10.531 hectáreas, recuperado tras décadas de ocupación indebida y entregado a 327 familias campesinas.

María Cecilia Lozano, directora de la Asociación de Mujeres Campesinas Desplazadas de Restrepo y víctima de desplazamiento forzado, ejemplifica la trascendencia de estas restituciones. Su asociación, que por 15 años buscó acceso a la tierra, hoy cultiva más de 200 toneladas de pescado en una finca conformada por cinco predios. Este testimonio subraya el impacto directo de la política en la vida de quienes históricamente fueron marginados y desplazados.

El Meta como epicentro de una reforma agraria profunda

El departamento del Meta, uno de los más extensos y ricos en biodiversidad de Colombia, ha sido, paradójicamente, un escenario recurrente de disputas por la tierra, violencia armada y concentración de la propiedad. Su ubicación estratégica en los Llanos Orientales lo ha convertido en un corredor históricamente apetecido para actividades agroindustriales a gran escala, pero también para economías ilegales que han exacerbado la desigualdad en la tenencia de la tierra. La implementación de la Reforma Agraria en esta región no es solo una medida de justicia, sino un intento de reconfigurar las bases económicas y sociales de un territorio que ha sido crucial en el conflicto armado y en la construcción de la identidad nacional.

La estrategia del gobierno en el Meta sitúa al departamento como un referente para la Reforma Agraria. Busca no solo la redistribución de la tierra, sino también el acompañamiento productivo para garantizar la sostenibilidad de los proyectos campesinos y fomentar la soberanía alimentaria del país. Esto es vital en una región que concentra una gran parte de la producción de alimentos como arroz y ganado, y que tiene un potencial enorme para el desarrollo agrícola sostenible.

Impacto nacional y proyecciones

A nivel nacional, la Agencia Nacional de Tierras ha gestionado 787.056 hectáreas para campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto, y ha formalizado 2.187.035 hectáreas mediante la expedición de más de 41.000 títulos de propiedad, beneficiando a más de 116.000 familias. Más allá de la entrega directa de predios, se han reconocido derechos territoriales sobre 1.638.003 hectáreas para pueblos indígenas y afrodescendientes, y se han constituido 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina que abarcan 1.172.904 hectáreas.

Asimismo, la conformación de los primeros cinco Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), que cubren 1.040.721 hectáreas y benefician a casi 7.475 familias, evidencia una visión integral que combina el acceso a la tierra con un modelo de desarrollo territorial participativo. La creación de 676 Comités Municipales de Reforma Agraria (CRMA) en todo el país busca fortalecer la participación de las comunidades en la definición de prioridades, abordando no solo la tenencia de la tierra sino también la producción y el desarrollo local.

La entrega de tierras en el Meta y los avances generales de la Reforma Agraria demuestran la voluntad política del gobierno para abordar problemáticas históricas del campo colombiano. Al transformar tierras de origen ilícito en oportunidades productivas para las comunidades, se busca no solo saldar deudas sociales, sino también sentar las bases para una paz duradera y un desarrollo rural equitativo.