Ocaña, Norte de Santander – La región del Catatumbo, en el Norte de Santander, vuelve a ser escenario de una nueva escalada de violencia. El patrullero Francisco Javier Jaimes Angarita, adscrito al Grupo de Operaciones Especiales Rurales de la Policía Nacional, perdió la vida este sábado 6 de junio en un enfrentamiento armado con integrantes de la subestructura Ferney Antonio López Polo del Clan del Golfo. El incidente, ocurrido en la vereda Pueblo Nuevo de Ocaña, resultó también en la baja de tres miembros del grupo armado. Este hecho subraya la precaria situación de orden público en una zona estratégicamente vital para los circuitos del narcotráfico.

La operación, denominada “Gevurah” y enmarcada dentro de la Acción Esparta, se llevaba a cabo en un sector rural cercano a Ocaña, municipio que experimenta una fuerte presión por la presencia y las actividades delictivas de diversas organizaciones armadas ilegales. El patrullero Jaimes Angarita, oriundo del corregimiento Las Palmeras y con cuatro años de servicio en la institución, pereció mientras las fuerzas del orden intentaban desarticular las redes de control territorial y tráfico de estupefacientes que el Clan del Golfo busca consolidar en la región.

Conflicto por el dominio territorial en el Catatumbo

La provincia de Ocaña, y en general la subregión del Catatumbo, representa un nudo crítico en el conflicto armado colombiano. Históricamente, esta vasta región ha sido un corredor estratégico para el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína hacia Centroamérica y mercados internacionales. La ausencia estatal persistente, sumada a la compleja geografía fronteriza con Venezuela, ha facilitado la consolidación de grupos armados organizados como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. Estos grupos se disputan ferozmente el control de las economías ilícitas, generando un ciclo de violencia que afecta directamente a la población civil y a la Fuerza Pública.

Escalada de violencia en Norte de Santander

El lamentable fallecimiento del patrullero Jaimes Angarita no es un hecho aislado. Se suma a una serie de ataques y acciones violentas registrados en los últimos días en Norte de Santander, consolidando la percepción de un deterioro progresivo de la seguridad. Este mismo departamento fue escenario, el pasado 2 de junio, del asesinato de un militar en Teorama, a manos del ELN, mediante el uso de drones cargados con explosivos. Este último ataque se produjo en el sector de ‘Los Negritos’, demostrando la sofisticación y la adaptabilidad de las tácticas empleadas por los grupos insurgentes.

  • 6 de junio: Patrullero de la Policía fallece en enfrentamiento con el Clan del Golfo en Ocaña.
  • 2 de junio: Militar asesinado por el ELN en Teorama utilizando drones explosivos.

Asimismo, el Ejército Nacional reportó la desactivación de varias cargas explosivas, también atribuidas al ELN, en la vía que comunica a Ocaña con el municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar. Estas trampas explosivas, orientadas a afectar a la población civil y a la infraestructura crítica, evidencian la estrategia de amedrentamiento y sabotaje que estos grupos implementan para desestabilizar la región y mantener su dominio.

Contexto socioeconómico y geopolítico del Catatumbo

El Catatumbo es una de las regiones más golpeadas por la desigualdad social, la informalidad económica y la débil presencia institucional del Estado colombiano. La economía local ha dependido históricamente de la agricultura, pero la expansión de los cultivos de uso ilícito ha distorsionado gravemente su tejido productivo y social. La promesa de la sustitución de cultivos, contemplada en los Acuerdos de Paz, no ha logrado consolidarse de manera efectiva, dejando un vacío que los grupos armados han sabido capitalizar para expandir sus rentas ilegales.

La disputa por las rutas del narcotráfico y el control de los corredores de movilidad transfronterizos convierte a Ocaña y al Catatumbo en una zona de alta tensión. Los grupos armados no solo se financian del tráfico de drogas, sino también de la extorsión, el secuestro y la minería ilegal, diversificando sus fuentes de ingreso y consolidando un control social y territorial paralelo al del Estado. La muerte del patrullero Jaimes Angarita no es solo una cifra más en las estadísticas de la violencia, sino un crudo recordatorio de los desafíos estructurales que Colombia enfrenta para consolidar la paz y asegurar la presencia efectiva del Estado en todas sus regiones.