Cali, una de las principales ciudades del suroccidente colombiano, enfrenta una de sus emergencias más críticas tras el devastador sismo del pasado 10 de agosto. Ante la magnitud de la tragedia, que ha dejado cifras alarmantes de víctimas y daños en infraestructura, el movimiento político Pacto Histórico ha extendido una mano a la administración municipal, ofreciendo apoyo humano y logístico para acelerar el censo de las familias damnificadas.

La propuesta, articulada a través del vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, busca trascender las diferencias políticas en un momento donde la solidaridad y la eficiencia en la respuesta son primordiales. La identificación y el registro precisos de los afectados son considerados pasos fundamentales para garantizar que la ayuda humanitaria y los subsidios lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

La urgencia de un censo preciso en medio de la crisis

La situación en Cali es crítica. El consolidado más reciente del Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Alcaldía, con corte al 23 de agosto al mediodía, revela la dimensión de la catástrofe:

  • 88 personas han sido rescatadas de entre los escombros.
  • 34 personas permanecen desaparecidas.
  • 153 vidas se han perdido.
  • 1657 personas resultaron heridas.
  • 148 cuerpos ya han sido entregados a sus familias para el último adiós.

En cuanto a la infraestructura, el panorama no es menos desolador: 9456 ciudadanos han sido procesados, se han verificado 1412 edificaciones, y el número de estructuras colapsadas total o parcialmente asciende a 325, mientras que 370 presentan daños estructurales verificados. Estos datos subrayan la necesidad imperante de un censo rápido y fiable para la planeación de la reconstrucción y la asistencia.

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El Pacto Histórico se suma al esfuerzo

Alejandro Ocampo, en nombre del Pacto Histórico, ha manifestado una disposición clara a la Alcaldía de Cali. «Alcalde, cuente con nosotros. Este no es momento de diferencias políticas, sino de trabajar juntos por Cali», declaró Ocampo, enfatizando que el movimiento está listo para desplegar equipos de trabajo, voluntarios y funcionarios. La meta es clara: «ayudar a terminar cuanto antes el censo de los damnificados».

El senador resaltó que la consolidación de este censo es la tarea más apremiante post-emergencia. Sin él, la claridad sobre quiénes requieren asistencia, cuáles son sus necesidades específicas y cómo se deben distribuir las ayudas, permanece incierta. «Sin un censo unificado no habrá claridad sobre quiénes necesitan las ayudas ni cuándo podrán recibirlas», añadió Ocampo.

Prioridad: Subsidios de arrendamiento y soluciones temporales

Una de las mayores preocupaciones actuales es la situación de miles de familias que perdieron sus viviendas o que, debido a los daños estructurales, no pueden regresar a ellas. La necesidad de soluciones temporales, como subsidios de arrendamiento, es inmediata. «Hay caleños que hoy no tienen una casa donde dormir. Nuestra prioridad debe ser que puedan acceder cuanto antes a los subsidios de arrendamiento», afirmó el senador.

Sin embargo, para la asignación de estas ayudas, el censo es un requisito indispensable. «Pero para entregar esas ayudas necesitamos saber quiénes son, dónde están y cuál es su situación. Por eso el censo no puede esperar», concluyó Ocampo, reiterando el compromiso del Pacto Histórico de sumar capacidades y acelerar la respuesta institucional en colaboración con la Alcaldía y las entidades encargadas de la atención de la emergencia.

Contexto socioeconómico y político de la región

El Valle del Cauca, y Cali como su capital, es un eje fundamental para la economía colombiana, reconocido por su industria azucarera, agroindustria y un sector de servicios en crecimiento. Sin embargo, históricamente, la región ha enfrentado desafíos como la desigualdad, la informalidad laboral y la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales, elementos que pueden exacerbar la vulnerabilidad de la población ante desastres naturales. Un evento como el reciente sismo no solo devasta infraestructura, sino que profundiza las brechas socioeconómicas, afectando desproporcionadamente a los sectores más precarizados. En este contexto, la rapidez y transparencia en la distribución de ayudas y la reconstrucción son cruciales no solo para la recuperación material, sino para evitar una mayor desestabilización social. La oferta de apoyo del Pacto Histórico, una fuerza política nacional que actualmente ostenta la presidencia, podría interpretar un intento de demostrar capacidad de respuesta unificada ante la crisis, minimizando fricciones políticas en un momento de alta sensibilidad social.

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