Bogotá propone alivios fiscales para refuerzo sísmico de inmuebles

Bogotá enfrenta un desafío estructural significativo en materia de sismoresistencia, especialmente tras los recientes movimientos telúricos que han afectado a varias regiones del país, incluido el centro andino. Ante esta realidad, el Concejo de Bogotá ha puesto sobre la mesa una propuesta legislativa que busca incentivar a los propietarios de inmuebles antiguos a invertir en su reforzamiento estructural mediante alivios tributarios. La iniciativa, liderada por el concejal Julián Uscátegui del Centro Democrático, plantea una serie de exenciones en impuestos distritales, reconociendo el alto costo que implica adecuar edificaciones a las normas sismorresistentes modernas.

Beneficios tributarios para la seguridad sísmica

El proyecto de acuerdo presentado por Uscátegui contempla dos beneficios fiscales clave para aquellos que decidan reforzar sus propiedades:

Exención del 100% del Impuesto de Delineación Urbana: Este impuesto es el cobro que realiza el Distrito por expedir la licencia de construcción. La exención aplicaría específicamente a quienes soliciten una licencia en la modalidad de reforzamiento estructural.
Descuento progresivo en el Impuesto Predial Unificado: Este beneficio se extendería durante diez años para los predios que certifiquen la culminación de las obras de reforzamiento. El alivio comenzaría con un 70% de descuento en los primeros cinco años, decreciendo de manera gradual hasta un 5% en el décimo año.

Según el concejal Uscátegui, el objetivo es «quitarle peso tributario» a quienes invierten en la seguridad de sus viviendas y patrimonios. La propuesta busca ser un catalizador para que los ciudadanos no esperen a que ocurra una tragedia para actuar, promoviendo una cultura de prevención y responsabilidad estructural.

Inmuebles focalizados y criterios de aplicación

La propuesta no aplicaría de forma indiscriminada. Se ha diseñado para enfocarse en las edificaciones más vulnerables y en aquellas zonas de la ciudad que presentan mayor riesgo sísmico. Los criterios para acceder a estos beneficios son precisos:

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Antigüedad de la construcción: Los beneficios se dirigirían a inmuebles construidos antes del año 2010. Esta fecha es crucial, ya que marca la entrada en vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) mediante el Decreto Nacional 926. Las edificaciones previas a esta norma fueron diseñadas bajo estándares considerados menos estrictos, lo que las hace más propensas a sufrir daños en caso de un sismo de magnitud considerable.
Concepto técnico y certificación: Para acceder a los descuentos, los predios deberán presentar un concepto técnico de vulnerabilidad sísmica y una memoria de reforzamiento, ambos suscritos por un ingeniero civil matriculado. Esto asegura que las intervenciones cumplan con los requisitos técnicos necesarios para garantizar la seguridad.
Priorización estratégica: Se dará prioridad a los inmuebles ubicados en zonas de amenaza sísmica alta, según la microzonificación sísmica de Bogotá. Adicionalmente, los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 serán considerados con especial atención, reconociendo que para estos hogares el costo de un reforzamiento puede ser una barrera aún mayor.

El contexto sísmico y la vulnerabilidad en Colombia

La geografía colombiana, y particularmente la andina, se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo. La capital, Bogotá, no es ajena a esta realidad, registrando sismos con una periodicidad considerable. La adopción del Reglamento NSR-10 en 2010 fue un paso fundamental para elevar los estándares de construcción en el país, pero una parte significativa del parque inmobiliario preexistente se construyó sin estas directrices. Esta situación genera una preocupación latente, especialmente en un contexto donde eventos sísmicos recientes han recordado la importancia de la prevención. Ciudades como Popayán, en el suroccidente colombiano, han sufrido históricamente las devastadoras consecuencias de terremotos, evidenciando la necesidad imperativa de normativas y programas de refuerzo estructural. La propuesta en Bogotá no solo responde a la coyuntura actual de sismos, sino que también se enmarca en una conciencia creciente sobre la resiliencia urbana frente a desastres naturales, buscando proteger vidas y la infraestructura crítica de la ciudad.

Impacto y perspectivas de la propuesta

El costo de un reforzamiento estructural puede ser considerable para un propietario individual, lo que a menudo desincentiva estas inversiones. Al ofrecer alivios tributarios, el Distrito busca asumir parte de ese costo indirectamente, incentivando la inversión privada en seguridad. La propuesta del concejal Uscátegui, de ser aprobada, podría representar un cambio significativo en la gestión del riesgo sísmico en Bogotá, pasando de una postura reactiva a una proactiva. La articulación de incentivos fiscales con criterios técnicos y sociales busca abordar un problema complejo con una solución que considera tanto la capacidad económica de los ciudadanos como la urgencia de la seguridad estructural en una ciudad sísmicamente activa.