La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó serias dudas frente al reciente decreto gubernamental que redefine los protocolos de actuación policial en las jornadas de protesta. De acuerdo con el organismo internacional, el marco normativo recién firmado podría apresurar la intervención armada o coercitiva de los uniformados frente a la ciudadanía movilizada.
La normativa en cuestión fue oficializada el pasado martes mediante la rúbrica del presidente colombiano, Abelardo De La Espriella. La disposición autoriza el despliegue policial inmediato contra personas involucradas en disturbios sin exigir que las negociaciones con los asistentes hayan finalizado previamente.
Riesgos de discrecionalidad en la interrupción del diálogo
A través de un pronunciamiento oficial emitido este jueves, la entidad multilateral evaluó detalladamente las condiciones fijadas para que las autoridades den por concluidas las conversaciones con los manifestantes. Según su análisis, el texto incorpora parámetros imprecisos que facultan una aplicación arbitraria, situación que facilitaría la disolución de los espacios de concertación para dar paso prematuro al despliegue de los agentes.
El organismo se detuvo en los casos descritos por el decreto presidencial, tales como:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →- Tener o accionar elementos bélicos o armas.
- Retener a individuos en contra de su consentimiento.
- Ataques físicos dirigidos hacia otras personas.
- Deterioro o destrucción de obras de infraestructura.
Frente a tales escenarios, Naciones Unidas señaló que estas conductas acarrean distintos niveles de amenaza a la integridad física. En consecuencia, exhortó a las autoridades a procesar cada hecho de manera individualizada, advirtiendo que los actos cometidos por sujetos aislados no pueden convertirse en el pretexto para cancelar los canales de comunicación con la multitud que ejerce su derecho sin violencia.
Estándares internacionales frente al uso de armas policiales
La Oficina internacional evocó lo consagrado en la Observación General 37 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enfatizando que las medidas de fuerza, incluyendo dispositivos o armamento de impacto menos letal, deben restringirse a ser la última alternativa viable, aplicable únicamente tras el agotamiento demostrado de tácticas pacíficas de disuasión.
Asimismo, la delegación criticó la amplitud conceptual con la que el mandato clasifica la violencia en las calles. Dicha redacción trasciende los límites internacionales al clasificar como tal meras amenazas verbales o actos que en realidad no desencadenan perjuicios sustanciales sobre las estructuras ni conllevan pérdidas de vidas o daños corporales.
Bajo esa lógica, se destacó la necesidad de distinguir con claridad procesal entre portar un artefacto susceptible de ser considerado peligroso, emitir una amenaza de utilizarlo y accionarlo de manera efectiva. El organismo remarcó que llevar consigo un objeto con esas características no transforma por defecto al individuo en un actor violento ni anula la naturaleza pacífica de una concentración ciudadana.
Cortes viales y afectaciones al orden productivo
Otro de los ejes evaluados por la ONU apunta a las restricciones de circulación vehicular. La organización alertó que taponar un corredor vial no convierte una movilización en violenta de forma automática. De igual forma, demandó revisar la figura de «perturbación grave e inminente», señalando que podría ser manipulada para desmantelar manifestaciones pacíficas arbitrariamente.
Finalmente, el reporte puntualizó que el impacto sobre el comercio o las actividades financieras no otorga luz verde para reprimir a los participantes:
«La afectación económica o la alteración del funcionamiento normal de una actividad productiva no deberían constituir, por sí mismas, una justificación para el uso de la fuerza», afirmó la institución.
Pese a sus advertencias, la Oficina en Colombia reconoció que sostuvo encuentros con la administración de Abelardo De La Espriella y que algunas sugerencias técnicas dirigidas a diferenciar a los manifestantes pacíficos de los violentos quedaron plasmadas en el decreto definitivo ratificado el martes.
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