El presidente Abelardo De La Espriella sancionó el 4 de noviembre la Ley 2640 de 2026, un marco normativo enfocado en el sometimiento directo a la justicia ordinaria. Esta legislación sustituye el modelo de negociación política previo, conocido como paz total, e introduce medidas judiciales diferenciadas según el nivel de responsabilidad dentro de los grupos armados ilegales.
Beneficios y condiciones para integrantes de base
La normativa abre una ventana de 180 días a partir de su entrada en vigor para que miembros rasos que carezcan de funciones de mando acudan ante las autoridades judiciales. Aquellos procesados que completen el procedimiento podrán conseguir la suspensión de su sentencia privativa de la libertad al momento del fallo condenatorio.
Para aplicar a esta medida, los aspirantes deben someterse a revisiones estrictas en los despachos judiciales y respaldar compromisos concretos:
- Hacer entrega formal del armamento y de los patrimonios ilícitos.
- Facilitar datos clave orientados a desmantelar la estructura armada.
- Aportar información determinante para hallar a personas desaparecidas.
- Dejar en libertad a personas secuestradas.
- Efectuar la entrega de los menores reclutados.
Asimismo, los militantes sin mando involucrados en conductas punibles como porte ilegal de armas, empleo no autorizado de insignias o prendas de uniforme, uso indebido de redes de comunicación y concierto para delinquir tienen la opción de alcanzar la extinción penal mediante fallo de un juez, siempre que aporten de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad.
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El marco procesal contempla rebajas punitivas escalonadas que dependen de la posición que la persona ocupaba en el grupo:
- Líderes y comandantes: Las personas con facultades directivas tendrán acceso a un descuento máximo del 30 % sobre su condena.
- Integrantes de otros rangos: Los miembros sin cargos de jefatura podrán optar a una disminución de la sanción que alcanza hasta el 50 %.
El esquema procesal toma elementos del sistema penal de Estados Unidos al transar reducciones carcelarias a cambio de datos indispensables para desarticular a los grupos militares y aprehender a sus miembros.
Tratamiento a colaboradores y exclusiones del sistema
Las personas procesadas bajo este ordenamiento deberán cumplir sus periodos de condena en centros penitenciarios comunes, sin recintos especiales ni privilegios. El texto definitivo determina que quienes actuaron como facilitadores en delitos de lavado de activos, testaferrato o enriquecimiento ilícito tendrán que descontar obligatoriamente seis años de reclusión antes de pretender cualquier suspensión de la pena, sumado a colaborar de forma efectiva y traspasar sus bienes ilícitos.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, precisó que la reducción de penas excluye de manera terminante a los responsables del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, así como a quienes mantengan vigentes requerimientos con fines de extradición.
Por su parte, el abogado Iván Cancino expuso desde el Senado de la República que el instrumento normativo no levantará órdenes de extradición ni órdenes de detención activas. Del mismo modo, aclaró que las personas privadas de la libertad antes de la sanción de este ordenamiento no tendrán la posibilidad de adherirse a los beneficios contemplados.
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