Nueva EPS: Cifras reveladas validan alertas presidenciales sobre crisis profunda

Bogotá, Colombia – La supuesta crisis financiera de la Nueva EPS, entidad clave en el sistema de salud colombiano, ha escalado de especulación política a constatación jurídica y contable. Documentos recientes de la Fiscalía General de la Nación y los propios estados financieros de la EPS han comenzado a validar las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre un deterioro profundo y preexistente a la intervención gubernamental de abril de 2024.

La narrativa inicial, que atribuía la intervención a motivaciones exclusivamente políticas, se ve ahora confrontada por una serie de revelaciones. Estas pruebas indican que la entidad arrastraba problemas estructurales y un cúmulo de irregularidades mucho antes de la actual administración.

Acusación fiscal: inconsistencias que datan de 2019

La Fiscalía General de la Nación ha radicado cargos contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS. La acusación se centra en presuntas irregularidades financieras ocurridas entre los años 2019 y 2022, un periodo anterior a la intervención estatal. Según el ente acusador, durante estos años:

Se habrían detectado 3.419.015 facturas con inconsistencias, en un universo mayor de cuentas que no fueron procesadas oportunamente.
Se reportaron $70.563 millones en utilidades que, de acuerdo con la investigación, no existían.

Es fundamental precisar que estas son acusaciones y la responsabilidad penal de los implicados deberá ser determinada por la justicia. No obstante, brindan un marco temporal crucial, situando el origen de las presuntas falencias en un periodo anterior a las acciones del Gobierno actual.

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La verdadera dimensión de la crisis financiera

Posterior a la intervención, los estados financieros de la Nueva EPS han arrojado cifras que ilustran la magnitud real de su endeudamiento y su precario estado económico. Estos datos confirman un escenario mucho más grave del que se vislumbraba públicamente:

Obligaciones superiores a $22 billones.
Pérdidas acumuladas que se acercan a los $6,1 billones.
Un patrimonio negativo de aproximadamente $10,6 billones.
Un rezago histórico de aproximadamente 10 millones de facturas sin procesar, algunas de las cuales datan incluso del año 2008.

Estos hallazgos contradicen la visión de que la crisis se gestó en 2024. Por el contrario, evidencian un cúmulo de problemas que se venían gestando y agravando desde administraciones anteriores, lo que otorga un nuevo contexto a la intervención realizada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Contexto del sistema de salud en Colombia: un debate recurrente

La discusión sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema de salud en Colombia no es nueva. Desde la implementación de la Ley 100 de 1993, el modelo ha sido objeto de constantes reformas, críticas y defensas. El actual Gobierno ha propuesto una reforma estructural que busca transformar el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), argumentando que su modelo de operación deriva en una fragmentación del servicio y en recurrentes problemas financieros que, como lo demuestran las cifras de Nueva EPS, pueden llevar al colapso. La compleja relación entre el sector público y privado en la prestación de servicios de salud, los giros incompletos o tardíos de recursos por parte del Estado, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el creciente costo de los servicios y tecnologías médicas, han sido puntos de tensión constantes. Esta acumulación de deudas y el bajo desempeño de varias EPS, especialmente en regiones apartadas donde la presencia estatal es históricamente débil, han alimentado el debate sobre la necesidad de un sistema más equitativo y financieramente sostenible.

Desmontando la narrativa de la «persecución política»

Las pruebas actuales refutan la simplificación de argumentar que la intervención de la Nueva EPS fue una medida puramente política. Si bien las acciones gubernamentales tienen, por naturaleza, una dimensión política, las cifras y la investigación fiscal demuestran que había fundamentos objetivos y serios para cuestionar la estabilidad de la entidad. Las irregularidades investigadas corresponden a un periodo anterior a la intervención, y el rezago de facturación se remonta a más de una década. Esto no exime de responsabilidad a la actual administración por la gestión de la intervención, ni prejuzga la inocencia de los exdirectivos, pero sí dota de mayor peso a la argumentación oficial respecto a la gravedad de la situación heredada.

Más allá de la culpa individual: una crisis sistémica

Sería impreciso atribuir la totalidad de la crisis de Nueva EPS únicamente a las administraciones anteriores. La magnitud de los problemas financieros revela un posible problema estructural más amplio que compromete el buen funcionamiento del sistema de salud. Aspectos como el costo de prestación de servicios, las obligaciones acumuladas con proveedores, las cuentas por cobrar y el flujo general de recursos del sistema, contribuyen a una ecuación compleja donde no siempre es fácil señalar un único responsable. No obstante, las cifras confirman que la situación era críticamente más grave de lo que se conocía públicamente antes de la intervención. Mientras la justicia sigue su curso para determinar responsabilidades individuales, la pregunta sobre cuánto tiempo se acumuló esta crisis antes de ser plenamente expuesta, permanece abierta, con los documentos oficiales señalando a un problema de larga data.