Defensa del alcalde de Villa de Leyva califica detención como persecución judicial

La situación judicial del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, ha escalado a un punto crítico con su detención y posterior aseguramiento, avivando un debate sobre los límites del urbanismo en zonas patrimoniales y la injerencia política en procesos judiciales. La defensa del mandatario ha calificado su captura como una «persecución judicial», argumentando que su privación de libertad es una represalia directa por su intento de frenar una construcción que, según ellos, vulnera gravemente las normas de protección del patrimonio arquitectónico y ambiental del municipio.

Según el abogado Jesús Yepes, representante legal del alcalde Gamboa, la investigación contra su defendido ha avanzado con una celeridad «inusual», en contraste con la lentitud que, a menudo, caracteriza otros procesos del sistema judicial colombiano. Esta rapidez genera suspicacias sobre los verdaderos motivos detrás de su detención, especialmente al considerar que coincidió con el momento en que el alcalde debía firmar una resolución sancionatoria de peso contra la obra en cuestión.

La Génesis del Conflicto: Una Obra Urbanística Desproporcionada

El meollo del asunto radica en un proyecto urbanístico ubicado en Villa de Leyva, un municipio boyacense reconocido por su valor histórico y cultural, que ha sido declarado Monumento Nacional de Colombia.

De acuerdo con la información suministrada por la defensa para la emisora Caracol Radio, en el año 2022, la empresa Inversiones San Jacinto de Nelvik, representada por María Victoria Solarte Daza, obtuvo una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar de 551 metros cuadrados. Sin embargo, lo que se construyó dista significativamente de lo autorizado. El abogado Yepes sostiene que la edificación alcanzó aproximadamente 5.200 metros cuadrados, incluyendo:

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Lagos artificiales.
Capilla.
Pesebreras.
Picaderos.

Este desarrollo excedería las dimensiones y características permitidas, generando una clara violación de las normativas urbanísticas y ambientales aplicables a una zona de especial protección patrimonial.

Acciones de la Administración Municipal y CorpoBoyacá

La Alcaldía de Villa de Leyva, en conjunto con CorpoBoyacá (Corporación Autónoma Regional de Boyacá), detectó estas irregularidades. Desde un inicio, ambas entidades advirtieron que la obra no cumplía con las especificaciones establecidas. Como resultado de sus investigaciones, se emitió una resolución que imponía una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ordenaba la demolición de la construcción excedente.

La defensa del alcalde asegura que estas acciones legales por parte de la administración municipal fueron el detonante de la denuncia penal que llevó a la captura de Gamboa. El abogado Yepes sugiere que las conversaciones que sirvieron de base para la investigación fiscal fueron «manipuladas», y que todo el proceso constituye una «conspiración» diseñada para despojar al alcalde de su cargo y, de esa forma, impedir la ratificación de la sanción contra la mega-obra.

La Versión de la Fiscalía: Corrupción Urbanística

Contrariamente a la narrativa de la defensa, la Fiscalía General de la Nación ha presentado una acusación formal contra el alcalde Víctor Gamboa. Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios lo vincularían con presuntos actos de corrupción relacionados con trámites urbanísticos. La investigación sugiere que el alcalde habría exigido dinero y otros beneficios a cambio de facilitar procedimientos administrativos vinculados con la ampliación de licencias de construcción.

De acuerdo con el expediente fiscal, se menciona un incidente el 8 de junio de 2025, donde el alcalde habría solicitado a la representante legal de la empresa de inversiones que contratara a una persona específica para asesorar la gestión de permisos. Posteriormente, se presume que pidió un aumento de salario para este contratista, quien trabajó 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos. Estas acciones son interpretadas por la Fiscalía como indicios de una exigencia de coimas para aprobar licencias o facilitar trámites, lo que llevó a su aseguramiento en prisión, según informó Infobae y fue replicado por Noticias RCN.

Un Conflicto con Ramificaciones Ambientales

Más allá de la disputa urbanística y judicial, el caso Gamboa también ha puesto de manifiesto graves preocupaciones ambientales. Miembros de la comunidad han presentado denuncias adicionales ante la Fiscalía por presuntos delitos como deforestación, daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, ecocidio e invasión de áreas protegidas relacionadas con la misma construcción.

Este escenario complejiza aún más el panorama, sugiriendo que el proyecto en cuestión no solo desafía las normativas patrimoniales y urbanísticas, sino que también podría tener un impacto irreversible en el frágil ecosistema de la región, un aspecto particularmente sensible en zonas de alta biodiversidad y valor paisajístico como Boyacá.

Contexto Político y Administrativo en Colombia

El caso de Villa de Leyva se inscribe en un contexto de constantes tensiones entre las administraciones locales, los intereses de grandes desarrolladores inmobiliarios y la protección ambiental y patrimonial en Colombia. Municipios como Villa de Leyva, que son pilares del turismo y la historia nacional, se enfrentan a la presión del crecimiento urbanístico, que a menudo choca con la necesidad de preservar su identidad y recursos naturales.

La celeridad que la defensa atribuye al proceso judicial contra Gamboa también puede interpretarse en el marco de la reciente cruzada de la Fiscalía y la Procuraduría contra la corrupción en el sector público, que busca dar golpes de opinión y mostrar efectividad en la lucha contra estos delitos. Sin embargo, estas acciones también abren la puerta a debates sobre la instrumentalización de la justicia y la necesidad de garantizar procesos equitativos y transparentes para todos los actores implicados.

La Procuraduría General de la Nación, de hecho, había abierto previamente una investigación disciplinaria al exalcalde de Villa de Leyva, Josué Javier Castellanos Morales, por presunta omisión en resolver un recurso de apelación relacionado, lo que subraya una historia de desafíos administrativos y controversias urbanísticas en el municipio.

Así, la detención del alcalde Gamboa no es un incidente aislado, sino un reflejo de problemáticas más profundas que atañen a la planificación territorial, el respeto a la legalidad y la probidad en la gestión pública, especialmente en áreas de incalculable valor.