La titular de la cartera cultural, Paola Holguín, determinó la insubsistencia en el cargo de la directora general de la Unidad Administrativa Especial Biblioteca Nacional de Colombia, Julia Daza. La decisión administrativa se produjo después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictaminara la suspensión provisional de su designación, tras evaluar que su trayectoria profesional previa no concuerda con las tareas asignadas a esa jefatura.
La suspensión provisional ordenada por el Tribunal
Mediante una providencia fechada el 11 de noviembre, la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió suspender transitoriamente las consecuencias jurídicas derivadas de la Resolución 0608 del primero de octubre de 2026, documento con el cual la ministra Holguín había formalizado la llegada de Daza a la entidad.
Frente a esta determinación judicial, Holguín manifestó públicamente:
“Nos enteramos a través de medios de comunicación sobre el auto por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, acerca de la medida cautelar y admisión de nulidad electoral de la directora de la Biblioteca Nacional, doctora Julia Daza. En consecuencia, cuando seamos notificados formalmente, procederemos a nombrar director encargado, apelar la medida y responder la demanda”.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Inconsistencias en el perfil profesional de la funcionaria
El litigio contra el nombramiento se centró en la verificación del historial de trabajo presentado para sustentar el perfil. Si bien el Ministerio de las Culturas avaló 73 meses y 14 días dentro de la categoría de experiencia relacionada —superando el mínimo reglamentario fijado en 72 meses—, la corporación judicial determinó que el contenido material de esas labores dista de las obligaciones que exige el puesto.
Tras analizar los soportes aportados, los magistrados advirtieron que el historial de Daza abarca primordialmente asignaciones enfocadas en divulgación institucional, comunicación social y relaciones públicas. La magistrada ponente del caso, Ana Margoth Chamorro Benavides, argumentó que los antecedentes aportados carecen de vínculo con el liderazgo de la institución, la administración de la red de bibliotecas públicas y el diseño de directrices enfocadas en el patrimonio documental y bibliográfico.
El fallo subraya:
“La Sala concluye la experiencia profesional relacionada reconocida fue calculada con base en certificaciones y actividades que no guardan similitud material con las funciones propias del empleo”.
Cuestionamientos al análisis efectuado por el Ministerio
En el dictamen, la autoridad judicial reprochó la manera en que el despacho ministerial homologó los antecedentes de la postulante con las competencias del puesto público, señalando la falta de concordancia entre ambos aspectos.
Puntualmente, el Tribunal determinó:
“Del material probatorio allegado surge que el Ministerio efectuó un análisis arbitrario del artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, porque dedujo una similitud funcional entre la experiencia acreditada por la demandada y las funciones neurales del empleo a proveer (…) Eran relevantes experiencias en dirección, gestión cultural, actividad editorial, formulación de políticas, proyectos de lectura, programas culturales y relaciones institucionales. Pese a ello, no hay correspondencia funcional entre la experiencia acreditada y las funciones a desarrollar”.
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