A través de una comunicación formal fechada el 21 de septiembre, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, solicitó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tramitar la supresión de la Resolución 1350 de 2026. Dicho acto administrativo estableció las directrices de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, suscrita durante el mandato anterior.

El requerimiento fue remitido al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, señalando la necesidad de adoptar medidas urgentes frente a una disposición que, hasta la fecha, permanece vigente y bajo análisis del Ejecutivo.

Los cuestionamientos jurídicos y pedagógicos del ministerio

La normativa en discusión fue promulgada el 10 de julio con las firmas conjuntas de las carteras de Salud, Trabajo, Educación y Culturas. No obstante, la titular de Educación argumentó que el texto sobrepasa los márgenes de articulación institucional e introduce de manera impositiva enfoques de género y sexualidad en los planes de estudio y la capacitación del cuerpo docente.

Entre los reparos centrales expuestos en la solicitud institucional destacan:

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  • Dudas frente a las competencias legales de los ministerios firmantes para fijar obligaciones curriculares de ese alcance.
  • Riesgos potenciales sobre la independencia de los colegios y la potestad de los padres para definir las pautas formativas de sus hijos.
  • Falta de claridad sobre las fuentes presupuestales que respaldarían la ejecución del plan.
  • Cuestionamientos hacia la viabilidad de condicionar compromisos institucionales hasta el año 2035 mediante una simple resolución.

Frente a este escenario, la funcionaria planteó abrir una mesa de revisión con las cuatro carteras involucradas y emitir una directriz desde la Presidencia que detenga cualquier avance administrativo mientras concluye el trámite de revocatoria. El oficio también precisó que el documento enfrenta actualmente una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.

Controversia política y reacciones al oficio

La postura del Ministerio de Educación, que ya había sido anticipada por la exministra Viviane Morales, provocó inmediatas declaraciones en el escenario político. A través de la red social X, Gustavo Petro cuestionó la solicitud, señaló que la medida podría provocar «un estallido de embarazos no deseados» y calificó a Hoyos como «oscurantista».

Por su parte, la congresista Laura Daniela Beltrán, perteneciente a la bancada del Pacto Histórico, asoció el requerimiento ministerial con discursos que rechazan la denominada ideología de género. Entretanto, desde la Presidencia aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la determinación final que adoptará Palacio.

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