MinAmbiente insiste al próximo gobierno en dos decretos ambientales clave

Bogotá, Colombia – En el marco del proceso de empalme gubernamental, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, ha instado al gobierno entrante a priorizar la continuidad y eventual firma de dos borradores de decretos legislativos. Estas iniciativas, que actualmente se encuentran en fase de consulta con comunidades indígenas, buscan establecer un marco regulatorio más robusto para los mercados de carbono y garantizar las salvaguardas de las poblaciones que habitan los territorios donde se desarrollan estos proyectos.

La cúpula de la cartera ambiental, durante la transmisión del empalme, enfatizó la trascendencia de estos instrumentos jurídicos para la protección de los derechos de las comunidades y para una gestión ambiental más equitativa. La solicitud directa al próximo ejecutivo subraya la preocupación por la interrupción de procesos legislativos considerados pilares para el avance en la gobernanza ambiental del país.

Marco de la Solicitud Ministerial

La Ministra Vélez expresó la necesidad de que los decretos sobre salvaguardas y pagos por servicios ambientales sean adoptados por la administración entrante, en caso de que el actual gobierno no logre culminar su proceso de firma antes del traspaso de poder. “Queremos pedir el compromiso del gobierno entrante en asegurar que si nosotros no logramos firmar estos decretos, el gobierno que sigue sí lo haga”, declaró Vélez.

La base de estas propuestas radica en la búsqueda de una mayor regulación de los mercados de carbono y en la instauración de mecanismos que aseguren beneficios justos para las comunidades que gestionan y conservan los recursos naturales. Este enfoque es particularmente relevante en un país como Colombia, con una vasta biodiversidad y una significativa presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes.

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Contexto Nacional: Comunidades, Carbono y Territorio

Colombia, como nación megadiversa y signataria de múltiples acuerdos internacionales en materia ambiental, enfrenta el desafío constante de equilibrar el desarrollo económico con la conservación de sus ecosistemas y los derechos de sus poblaciones originarias. Históricamente, la relación entre las comunidades indígenas y el Estado ha estado marcada por la lucha por la titulación de tierras, la autonomía territorial y la protección contra la explotación desmedida de sus recursos naturales. La Amazonía colombiana, por ejemplo, es un pulmón vital para el planeta pero también un foco de deforestación y conflictos socioambientales, donde la presencia indígena es crucial para la conservación.

Los mercados de carbono, si bien ofrecen una vía de financiación para la conservación y la mitigación del cambio climático, también presentan riesgos como la acaparación de tierras, la vulneración de derechos consuetudinarios y la mercantilización de la naturaleza sin un reparto equitativo de los beneficios. La propuesta de MinAmbiente busca, precisamente, mitigar estos riesgos a través de reglas claras y el empoderamiento de las comunidades.

Detalle de los Decretos Propuestos

Decreto de Salvaguardas

Establecer criterios y mecanismos para proteger los derechos, conocimientos y territorios de las comunidades indígenas y locales en proyectos relacionados con la reducción de emisiones de carbono y la conservación.
Garantizar que los ingresos generados por los mercados de carbono beneficien directamente a las comunidades, evitando intermediarios y abusos.
Promover la consulta previa, libre e informada como principio fundamental para cualquier intervención en territorios étnicos.

Decreto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA)

Fortalecer el marco legal para reconocer y compensar económicamente a las comunidades por los servicios ecosistémicos que proveen, como la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la captura de carbono.
Fomentar la participación activa de las comunidades en el diseño e implementación de los programas de PSA.
Crear un sistema transparente para la asignación y monitoreo de los fondos destinados a estos pagos.

La ministra Vélez enfatizó que las comunidades indígenas respaldan y “están apoyando y necesitando estos instrumentos para la regulación de los mercados y los servicios ambientales”. Reconoció que, si bien los mercados de carbono representan una oportunidad económica para los territorios, la ausencia de una regulación clara puede derivar en “abusos de poder, de confianza y violación a los derechos humanos de nuestras comunidades”.

En este sentido, la cartera ambiental anunció la reactivación de una comisión de expertos ambientales en mercados de carbono, con el objetivo de servir de guía y respaldo en la toma de decisiones relativas a esta compleja materia.

Balance y Logros Destacados

Además de la solicitud sobre los decretos, la Ministra Vélez presentó un balance de gestión del gobierno saliente, destacando una reducción acumulada del 36,5% en la deforestación durante los cuatro años. Este logro, según la cartera, fue posible gracias al acompañamiento de aproximadamente 27.000 familias, principalmente en el arco amazónico, vinculadas a estrategias de conservación.

Otros avances notables incluyen la declaración de ocho Entidades Territoriales Indígenas en la Amazonía y el reconocimiento de comunidades indígenas como autoridades ambientales en sus propios territorios, a través del Decreto 1275. Estas medidas representan pasos significativos hacia una mayor gobernanza ambiental indígena y el fortalecimiento de la autonomía de estos pueblos en la gestión de sus recursos naturales.

La pelota está ahora en el tejado del gobierno entrante, que deberá evaluar la continuidad de estas iniciativas para consolidar una política ambiental que equilibre desarrollo y conservación, con un profundo respeto por los derechos de las comunidades.