Migración Colombia expulsa 30 venezolanos tras operativos en Santander y Antioquia

Bogotá, Colombia – Migración Colombia ha ejecutado la expulsión de 30 ciudadanos venezolanos en las últimas 48 horas, como consecuencia de operativos coordinados en los departamentos de Santander y Antioquia. Estos procedimientos se enmarcan en las acciones de control migratorio que las autoridades colombianas adelantan en diversas regiones del país para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Los recientes casos elevan las cifras de expulsiones de extranjeros en Colombia, un fenómeno recurrente que refleja tanto la presión migratoria como la firmeza de las políticas estatales frente a la irregularidad migratoria o la comisión de delitos. La entidad migratoria no ha detallado los motivos específicos de cada expulsión en este grupo de 30 personas, pero generalmente obedecen a permanencia irregular, antecedentes judiciales o incumplimiento de órdenes de las autoridades.

Incremento de expulsiones en Santander durante 2026

El departamento de Santander, en particular, ha mostrado una actividad considerable en lo que va del año 2026. Según reportes de las autoridades locales, un total de 101 extranjeros han sido expulsados y cuatro deportados hasta la fecha. El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, precisó que de estas 101 expulsiones, 83 corresponden a ciudadanos venezolanos.

Además de los casos relacionados con la nacionalidad venezolana, las expulsiones en Santander incluyen a otros extranjeros que habían cumplido condenas judiciales en Colombia, así como individuos de diversas nacionalidades que infringieron las leyes migratorias. Estos controles de verificación y caracterización de la población migrante son parte de una estrategia integral para mantener el orden y la seguridad en la región.

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El contexto de la migración venezolana en Colombia

La situación de la migración venezolana en Colombia representa un desafío de magnitudes significativas. Desde 2015, el éxodo masivo de ciudadanos de Venezuela ha convertido a Colombia en el principal receptor de esta población, albergando a casi la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe. Para julio de 2021, la Plataforma Regional Interagencial (R4V) estimaba que cerca de 1.8 millones de venezolanos residían en Colombia, aunque el subregistro podría elevar esta cifra por encima de los 2 millones.

La llegada de esta población ha generado diversas respuestas por parte del Estado colombiano, que van desde políticas de integración temporal, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), hasta la intensificación de operativos de control migratorio y seguridad. Este flujo migratorio ha impactado de manera profunda en la infraestructura social, económica y de seguridad del país, generando presiones en servicios públicos como salud, educación y vivienda, y, en algunos casos, tensiones sociales.

Marco legal de las expulsiones y deportaciones

Migración Colombia, como autoridad encargada de la gestión migratoria, fundamenta sus acciones en la normatividad vigente. Es importante diferenciar entre expulsión y deportación:

Expulsión: Se aplica a extranjeros que han cometido infracciones graves a la ley migratoria o penal. Implica la prohibición de regresar al país por un periodo determinado, que puede ser desde 5 hasta 10 años, e incluso de forma indefinida.
Deportación: Se ordena a extranjeros en situación de irregularidad migratoria, como aquellos que excedieron el tiempo de permanencia autorizado o ingresaron al país sin la documentación requerida. Generalmente, conlleva una prohibición de reingreso por un periodo menor.

Los operativos reportados en Santander y Antioquia buscan no solo controlar la irregularidad, sino también identificar y retirar a individuos que representen un riesgo para la seguridad ciudadana, dando cumplimiento a las leyes nacionales y garantizando la soberanía territorial.

Impacto y perspectivas

La política migratoria colombiana, que ha oscilado entre la apertura humanitaria y la necesidad de control, continúa evolucionando. La cifra de más de 100 expulsiones en Santander durante el presente año y las 30 recientes en apenas 48 horas, reflejan una intensificación de las medidas de control. Esta dinámica tiene implicaciones tanto para los ciudadanos venezolanos en Colombia, que enfrentan un escrutinio más riguroso, como para las comunidades receptoras, que demandan seguridad y orden en un contexto de complejidad social.

El Estado colombiano, a través de Migración Colombia y otras instituciones, mantiene su compromiso de gestionar la migración bajo los principios de soberanía y respeto a los derechos humanos, aunque la aplicación de medidas como las expulsiones y deportaciones subraya la primacía del ordenamiento jurídico nacional.