Lina Garrido: la idoneidad técnica en debate para la Agencia Nacional de Tierras

La posible designación de Lina María Garrido Martín en la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha desatado una ola de interrogantes en el ámbito político y técnico del país. La polémica surge no solo por su perfil profesional, que dista de la especialización requerida para la gestión territorial, sino también por el rastro de controversias que acompañan su trayectoria política, especialmente sus vínculos con figuras judicializadas en el departamento de Arauca.

Garrido, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, carece de un perfil técnico agropecuario o en gestión de tierras, requisito fundamental para un cargo de la envergadura de la ANT. Esta situación ya motivó una demanda ante el Consejo de Estado cuando su nombre sonó para el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una entidad con funciones técnicas análogas.

Vínculos políticos y sombras en Arauca

La trayectoria política de Lina María Garrido está estrechamente ligada a su departamento natal, Arauca. En 2022, llegó al Congreso como representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, apoyada por el entonces gobernador Facundo Castillo Cisneros. La relación con Castillo ha sido un punto crítico en su carrera, dado que el exgobernador fue condenado a más de 12 años de prisión por corrupción y está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos pactos con el frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Según las acusaciones, Castillo habría entregado contratos y protección a la guerrilla a cambio de apoyo político y libertad de acción territorial.

Las especulaciones sobre estos vínculos se hicieron más explícitas en enero de 2026, cuando el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón insinuó públicamente nexos entre la familia de Garrido y el ELN, haciendo referencia directa a su cercanía con Castillo. Garrido rechazó estas afirmaciones, calificándolas de estigmatización contra su familia y su departamento.

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Contexto en Arauca: una región en la encrucijada

Para comprender la gravedad de estas acusaciones y el impacto de un posible nombramiento en la ANT, es crucial contextualizar la situación de Arauca. Este departamento, fronterizo con Venezuela, ha sido históricamente un epicentro del conflicto armado en Colombia. La presencia de grupos armados ilegales, como el ELN y disidencias de las FARC, ha condicionado la vida social, política y económica de la región. La lucha por el control territorial, las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, así como la injerencia en la política local, son realidades persistentes.

La ANT, como entidad encargada de administrar los baldíos de la nación y formalizar la propiedad de la tierra, juega un papel estratégico en la consolidación de la paz y el desarrollo rural en zonas como Arauca. Una gestión transparente y técnicamente sólida es vital para evitar la cooptación por actores armados ilegales y garantizar que la tierra se convierta en un motor de desarrollo, y no en una fuente de conflicto.

En este sentido, la posible designación de una persona sin el perfil técnico específico y con antecedentes de vínculos políticos controvertidos genera preocupación sobre la independencia y eficacia de la entidad en un territorio tan sensible.

La ANT: un eje crucial en la reforma rural integral

La Agencia Nacional de Tierras es una pieza fundamental en la implementación de la Reforma Rural Integral, contemplada en los Acuerdos de Paz. Sus responsabilidades incluyen:

Administración de baldíos de la nación.
Formalización de la propiedad rural.
Clarificación de la propiedad y ocupación.
Adjudicación de tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
Gestión de la restitución de tierras despojadas.

Estos procesos son complejos y requieren de un profundo conocimiento jurídico, técnico y social del territorio. La dirección de la ANT exige no solo idoneidad profesional, sino también una trayectoria incuestionable que garantice la autonomía institucional frente a presiones políticas o de grupos de interés, especialmente en zonas con fuerte presencia de actores armados.

Silencio oficial y críticas al gobierno

Hasta el momento, ni Lina María Garrido ni el Gobierno han ofrecido explicaciones públicas sobre los criterios técnicos que sustentarían este posible nombramiento. Esta falta de transparencia alimenta las suspicacias, especialmente considerando la política de «paz total» del actual gobierno, que busca el acercamiento con grupos armados y donde la gestión de la tierra adquiere una relevancia estratégica.

Las críticas a Garrido no son recientes. Como representante a la Cámara, ha sido una voz disonante frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. En julio de 2025, cuestionó públicamente el discurso del mandatario, afirmando que «después de tres años no hay un solo logro para mostrar». Esta postura de oposición abierta añade un matiz político a un posible nombramiento que debería guiarse por principios de meritocracia y capacidad técnica.

La situación de Lina María Garrido y su posible rol en la Agencia Nacional de Tierras pone de manifiesto la tensión entre la idoneidad técnica y las consideraciones políticas en la asignación de cargos estratégicos. La sociedad colombiana, y particularmente las comunidades rurales, esperan claridad y garantías de que la gestión de la tierra se realice con la mayor transparencia y competencia posible.