La Defensoría del Pueblo designó formalmente a Leyner Palacios Asprilla al frente de su seccional regional en el departamento de Chocó. La juramentación del cargo se llevó a cabo ante la titular nacional del organismo humanitario, Iris Marín Ortiz, hecho confirmado institucionalmente el 11 de noviembre de 2026.

Con este nombramiento, el jurista toma el relevo de Luis Enrique Murillo, funcionario que encabezó dicha dependencia regional durante aproximadamente diez años, según detalló el medio La Región.

Trayectoria profesional y trabajo con víctimas

Nacido en el municipio de Bojayá, Palacios Asprilla cuenta con una trayectoria superior a los 23 años centrada en la justicia transicional, la paz y la defensa de garantías fundamentales. Su labor comunitaria cobró relevancia a partir de los hechos del 2 de mayo de 2002, cuando la guerrilla de las Farc arrojó un cilindro bomba contra el templo de Bellavista en medio de combates con estructuras paramilitares, episodio en el cual se refugiaba la población civil.

A raíz de aquel suceso, Palacios impulsó iniciativas de organización colectiva para exigir esclarecimiento de la verdad, reparación integral y justicia. Su recorrido profesional y público incluye diversas responsabilidades previas:

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  • Integrante comisionado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, entidad surgida del Acuerdo de Paz de 2016.
  • Director en la seccional Chocó de la Unidad para las Víctimas, coordinando esquemas asistenciales y de reparación a afectados por la violencia.
  • Acompañamiento a colectivos étnicos, afrocolombianos e indígenas en el Pacífico, así como a grupos vulnerables en el Caribe y el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Panorama regional y tareas del nuevo defensor

El arribo de Palacios a la dirección regional sitúa su gestión frente a un escenario territorial marcado por dinámicas de confinamiento, desplazamientos forzados colectivos, intimidaciones hacia líderes comunitarios y limitaciones en el tránsito impuestas por organizaciones armadas ilegales.

Bajo su mandato, la entidad deberá tramitar los reclamos por vulneraciones a los derechos humanos, brindar respaldo directo a las poblaciones de la zona y articular acciones defensoriales frente a los estamentos institucionales responsables de proteger a las comunidades chocoanas.

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