La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, por presunto prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Los hechos se enmarcan en la investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, una polémica que ha generado un notable debate público y político.

Durante la audiencia, Salazar no aceptó los cargos, manteniendo su postura frente a las acusaciones del ente investigador. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario habría incurrido en conductas delictivas relacionadas con decisiones administrativas que redefinieron el proceso contractual de un servicio esencial para la ciudadanía colombiana.

Detalles de la Imputación por Contrato de Pasaportes

La imputación se centra en las acciones de Salazar respecto al contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes, cuyo valor asciende a más de 559.000 millones de pesos y tiene una vigencia prevista hasta el 31 de julio de 2026. Según la Fiscalía, las irregularidades se habrían materializado en la expedición de las resoluciones 1394, 1395 y 1396, todas del 26 de febrero de 2024.

Estas resoluciones tuvieron como efecto la revocatoria de un acto administrativo previo. Este acto, firmado por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán, había declarado desierta la licitación y rechazado un recurso de reposición interpuesto por uno de los interesados en el proceso contractual. La acción de Salazar, según la investigación, habría restablecido un escenario contractual que ya se consideraba cerrado.

Exceso de Competencias y Reanudación Contractual

La Fiscalía argumenta que la actuación de José Antonio Salazar con estas resoluciones tuvo el propósito de levantar anticipadamente la ‘urgencia manifiesta’ que había suspendido el trámite contractual. Al hacerlo, se habría reabierto el camino para la posible adjudicación del contrato al único proponente que seguía en carrera. Esto es un punto clave en la acusación, ya que implicaría una reconfiguración unilateral de un proceso de licitación pública.

El ente acusador subrayó que el exsecretario general habría excedido sus competencias. Se señala que las funciones de Salazar eran estrictamente administrativas y de coordinación institucional, y que no poseía autonomía legal para reabrir o adjudicar procesos contractuales que ya habían sido formalmente cerrados. Este punto es fundamental para configurar el delito de prevaricato por acción.

Enriquecimiento Ilícito y el Polémico Predio en el Meta

Adicionalmente a las irregularidades en el proceso contractual de pasaportes, la Fiscalía también imputó a Salazar el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Esta acusación se desprende de una investigación relacionada con la adquisición de un predio rural en el municipio de Puerto López, Meta.

El inmueble, valuado en al menos 950 millones de pesos, habría sido adquirido por Salazar durante el período en que ocupó el cargo de secretario general, desde el 18 de agosto de 2022 hasta el 26 de febrero de 2024. La Fiscalía sostiene que no se encontraron soportes financieros, transferencias, créditos ni otros respaldos patrimoniales que justifiquen el origen de los recursos utilizados para esta compra.

La ausencia de una justificación financiera clara para una adquisición de tal magnitud, en el contexto de su posición como funcionario público, es lo que fundamenta el cargo de enriquecimiento ilícito. Este elemento añade una capa de complejidad y gravedad al caso, trascendiendo las meras decisiones administrativas para tocar la esfera del patrimonio personal del exfuncionario.

Contexto de la Contratación Pública en Colombia

Este caso se desarrolla en un momento de especial atención sobre la transparencia y la probidad en la contratación estatal en Colombia. Históricamente, licitaciones de gran envergadura han sido foco de escrutinio público y judicial, dada la considerable inversión de recursos que representan y el impacto directo en la prestación de servicios esenciales. La Cancillería, como entidad encargada de la política exterior y la emisión de documentos de viaje, maneja contratos de alta complejidad y visibilidad. Las acusaciones de prevaricato y enriquecimiento ilícito en la gestión de un contrato tan vital como el de los pasaportes resuenan con la constante demanda ciudadana por una administración pública eficiente y libre de corrupción, un desafío persistente en todas las instancias de gobierno en el país.

La posición del exsecretario general, como figura clave en la estructura de la Cancillería, confiere una seriedad particular a las acusaciones, que ahora serán dilucidadas en las etapas subsecuentes del proceso judicial.