ICBF: Niños no pueden ser escudo criminal ante operaciones militares

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, ha encendido una señal de alarma ante el dilema que enfrentan las autoridades colombianas respecto a las operaciones militares en zonas con presencia de menores reclutados. Restrepo ha enfatizado que, si bien la protección de la niñez es una obligación ineludible del Estado, esta no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un salvoconducto o una ventaja estratégica para los grupos armados ilegales que utilizan a niños y adolescentes en sus filas.

La preocupación de la funcionaria surge a raíz de recientes decisiones judiciales que han impuesto restricciones a las operaciones de la Fuerza Pública cuando existe información previa sobre la presencia de menores de edad en campamentos de grupos armados. La intención detrás de estas medidas es proteger la vida de los reclutados, pero Restrepo advierte sobre una «brutalmente sencilla» y perversa consecuencia: que el reclutamiento de menores se convierta en una estrategia efectiva para disuadir las acciones militares del Estado.

El dilema de la protección y la persecución

El argumento central de la directora del ICBF es que el Estado colombiano tiene un doble mandato que no debería ser excluyente: proteger a los niños, niñas y adolescentes, y al mismo tiempo, perseguir y combatir a quienes delinquen. La paradoja actual, según Restrepo, es que estas dos obligaciones parecen estar en conflicto, llevando a una situación donde la presencia de un menor en un campamento podría involuntariamente «blindar» a los criminales de la acción estatal.

“Si la presencia de menores reclutados termina convirtiendo un campamento en un lugar que el Estado no puede tocar, la conclusión es brutalmente sencilla: reclutar a la niñez funciona”, sentenció la directora. Esta afirmación subraya el temor de que los grupos armados puedan manipular el marco legal y humanitario para su beneficio, utilizando a los menores como «escudos humanos» o como una forma de ganar impunidad operativa.

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Contexto del conflicto armado en Colombia y el reclutamiento

El reclutamiento forzado de menores es una herida abierta en la sociedad colombiana, particularmente grave en regiones como el Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo, donde la persistencia de grupos armados ilegales como disidencias de las FARC y el ELN sigue marcando la dinámica territorial. El suroccidente del país, en particular, es un epicentro de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, lo que lo convierte en un caldo de cultivo para la expansión de estas estructuras armadas y, por ende, para el reclutamiento de jóvenes vulnerables.

La complejidad del conflicto en estos territorios radica no solo en la confrontación armada, sino también en la ausencia histórica del Estado en términos de inversión social, educación y oportunidades. Esta debilidad institucional es explotada por los grupos ilegales, que ofrecen a los menores la única vía de escape a la pobreza o, en otros casos, los coaccionan directamente. La reciente política de «paz total» del gobierno de Gustavo Petro, aunque busca reducir la confrontación, ha enfrentado críticas por la percepción de un recrudecimiento de la violencia y la expansión de los grupos armados en ciertas zonas, lo que podría aumentar el riesgo de reclutamiento.

Prevención como eje central de la acción estatal

Para Restrepo, la discusión no puede iniciar únicamente cuando se contempla una operación militar o un bombardeo. En ese punto, argumenta, «ya llegamos tarde». La pregunta crucial, según la directora, debe ser anterior y enfocada en la prevención:

¿Cómo llegó ese menor hasta allí?
¿Quién lo reclutó?
¿Quién sabía que estaba en riesgo?
¿Qué alertas existían?
¿Dónde falló el Estado para no protegerlo antes?
¿Por qué el criminal logró llegar primero a él o ella?

Desde esta perspectiva, el ICBF y otras instituciones estatales tienen un papel fundamental en la identificación temprana de territorios de riesgo, la implementación de programas de prevención robustos y la recuperación de menores antes de que sean incorporados a las estructuras armadas. La estrategia, por lo tanto, debe ser integral, atacando las causas estructurales del reclutamiento y fortaleciendo la presencia estatal en las zonas más vulnerables.

Un llamado a la acción equilibrada

La directora del ICBF insistió en que el Estado no debe verse en la disyuntiva de elegir entre proteger a los menores y combatir el crimen. Ambas obligaciones son concurrentes y deben cumplirse de manera simultánea. La protección de la niñez implica liberarla de las garras de los criminales, y no permitir que esa condición sea utilizada como un resguardo para los victimarios.

El mensaje final de Restrepo es contundente: “La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal”. Esto exige una reevaluación de las estrategias y protocolos, asegurando que las decisiones judiciales y militares no generen incentivos perversos para el reclutamiento, y que la protección de los menores sea una prioridad innegociable sin comprometer la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y hacer justicia.