Desastres y bajo crecimiento: la encrucijada de América Latina

América Latina y el Caribe se encuentra en una situación crítica, inmersa en una espiral donde la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales, exacerbados por el cambio climático, interactúa con un escenario persistente de bajo crecimiento económico y alta desigualdad. Esta combinación socava la capacidad de los Estados para implementar sus agendas de desarrollo y mantener su legitimidad, convirtiendo la gestión del riesgo en un imperativo para la estabilidad regional.

La factura creciente de los desastres en la región

Eventos recientes ilustran la magnitud del desafío. Los terremotos que impactaron a Colombia y Venezuela, con daños estimados en 9.840 millones y 19.600 millones de dólares respectivamente, señalan una tendencia preocupante. Estas cifras no son incidentes aislados. En Colombia, el «frente frío» de 2026 requirió una inversión de 2.767 millones de dólares para la recuperación. El huracán Melissa en Jamaica (2025) causó daños equivalentes al 41% de su PIB (8.800 millones de dólares), mientras que las inundaciones en Rio Grande do Sul, Brasil (2024), ascendieron a 16.460 millones de dólares, según evaluaciones conjuntas.

Estos datos, sin contabilizar el impacto de la pandemia de COVID-19, subrayan cómo la exposición y fragilidad de poblaciones, bienes e infraestructuras, junto a déficits históricos en la urbanización y la creciente influencia del cambio climático en eventos extremos, han disparado los costos de recuperación.

Cambio en el modelo de financiación y carga fiscal

La fuente de financiación para estos desastres también ha evolucionado. Si en el pasado la cooperación internacional jugaba un rol preponderante —como en la reconstrucción post-Mitch en 1998, que movilizó 5.600 millones de dólares de la época—, hoy la carga recae mayoritariamente en los presupuestos nacionales. El apoyo externo se ha vuelto marginal en relación con las necesidades, obligando a los gobiernos a recurrir a recursos propios, endeudamiento o reasignaciones presupuestales.

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Esta situación genera una tensión fiscal sin precedentes. Una proporción cada vez mayor de los recursos públicos se desvía hacia la reparación de daños, mermando el margen fiscal disponible para inversiones en educación, salud, vivienda, infraestructura y seguridad. En Colombia, por ejemplo, la recuperación del «frente frío» podría representar más del 10% del presupuesto de gasto de capital de 2026.

Contexto Colombiano: Desafíos estructurales en la gestión del riesgo

Colombia, por su ubicación geográfica y diversidad topográfica, es particularmente vulnerable a fenómenos naturales como sismos, inundaciones y deslizamientos. La cordillera andina, el Pacífico y la Amazonía son zonas de alta actividad sísmica y climática. Históricamente, la urbanización desordenada en laderas y zonas de alto riesgo, sumada a la débil planificación territorial en muchas ciudades y pueblos, ha expuesto a millones de personas a la tragedia. A esto se añade la compleja realidad social del país, donde la desigualdad y la presencia histórica de grupos armados han dificultado la implementación de políticas de desarrollo y prevención en zonas vulnerables. El actual gobierno de Gustavo Petro ha enfocado parte de su discurso en la necesidad de una «transición energética» y una mayor adaptación al cambio climático, reconociendo la urgencia de estas amenazas. Sin embargo, la asignación de recursos y la coordinación interinstitucional para la gestión del riesgo de desastres sigue siendo un desafío crucial que compite directamente con otras prioridades sociales y económicas de su ambicioso plan de gobierno.

Interacción de volatilidades: el «subibaja» de la región

América Latina se caracteriza por una «montaña rusa» climática, alternando entre sequías, incendios y estrés hídrico asociados a El Niño, y lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos vinculados a La Niña. Estos episodios, que a menudo sorprenden a territorios y poblaciones en proceso de recuperación de eventos anteriores, se superponen a una volatilidad económica considerable.

Almudena Fernández, economista jefe del PNUD, ha señalado que la volatilidad del crecimiento regional es 1,4 veces mayor que la de las economías avanzadas y 1,5 veces superior al promedio mundial después de la pandemia. Los choques económicos, sumados a los desastres, dejan «cicatrices permanentes» en la inversión, productividad, educación y acumulación de capital humano.

La región enfrenta así una convergencia de factores de inestabilidad:

Una de las mayores desigualdades del mundo.
Alta volatilidad del crecimiento económico.
Elevada exposición a amenazas naturales.

Estos elementos, al interactuar, generan un ciclo que destruye activos, profundiza la desigualdad y reduce el potencial de crecimiento, dejando a los países más indefensos ante el siguiente impacto.

Gobernar el riesgo para gobernar el desarrollo

Detener esta dinámica compleja es un reto. La brevedad de los horizontes políticos dificulta la inversión en prevención, cuyos beneficios se materializan a largo plazo, mientras la reconstrucción demanda resultados inmediatos. Esta asimetría explica por qué la región rehace con frecuencia vulnerabilidades ya conocidas.

Históricamente, los ministerios de Hacienda se han centrado en la deuda pública, la inflación y el déficit fiscal. Sin embargo, la realidad actual exige que también prioricen la acumulación de riesgos. América Latina necesita no solo reconstruir con rapidez, sino dejar de sacrificar desarrollo ante cada desastre. Esto implica trascender la concepción de la gestión del riesgo como una política de emergencia y entenderla como un pilar fundamental para el crecimiento económico, la estabilidad fiscal y el fortalecimiento institucional. En un entorno de volatilidad climática y económica, sumado a la desigualdad inherente, gestionar el riesgo es, en esencia, gobernar el desarrollo del continente.