Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción al entregar directamente al Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos, una serie de nombres de individuos y empresas. Esta información detallada busca identificar a presuntos testaferros vinculados al denominado «Clan Quintero» o GDO «Los Hermanitos Q», quienes habrían desviado fondos públicos de Medellín hacia el exterior durante el cuatrienio 2020-2023.
La reunión de alto nivel, sostenida en Estados Unidos, es el resultado de los avances en una auditoría forense iniciada en 2024, que ya ha identificado 666 hallazgos de posibles irregularidades. La entrega de estos datos busca que las autoridades estadounidenses se sumen a las investigaciones para esclarecer la ruta de estos recursos, que se sospecha terminaron en Norteamérica mediante sofisticadas operaciones de lavado de activos.
La ruta del dinero: Panamá y Miami en el centro de la trama
Según los indicios presentados por el alcalde Gutiérrez, la estrategia para el desvío y blanqueo de los recursos de la corrupción habría seguido un patrón específico. «Entregué nombres de personas, empresas y direcciones de quienes servirían hoy como testaferros, presuntamente, de la corrupción que generaron en Medellín el Clan Quintero», afirmó el mandatario. La información sugiere que los fondos habrían salido inicialmente de Colombia hacia Panamá, para luego ser «legalizados» a través de firmas y operaciones financieras en Miami, Estados Unidos.
Gutiérrez enfatizó que la jurisdicción estadounidense se convierte en un actor clave en esta investigación. «Que sean las autoridades de Estados Unidos las que investiguen. También la información la tendrá detallada, como en muchos casos, la Fiscalía General de la Nación. Que caigan todos esos corruptos», añadió. El delito principal bajo investigación es el lavado de activos, una infracción grave que conlleva penas de prisión en ambos países.
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Aunque el listado completo de personas y empresas presuntamente involucradas no se ha hecho público, el alcalde sí mencionó la presencia de individuos que «viven acá en Miami como unos reyes, producto del robo que le hicieron a Medellín». Asimismo, señaló la participación de ciudadanos venezolanos, descritos como «amigos de los jefes de la estructura criminal Los Hermanitos Q», quienes también se habrían beneficiado de la corrupción y poseerían empresas en territorio estadounidense.
Los indicios señalan que estos implicados ya no solo enfrentarán a la justicia colombiana, sino también a la estadounidense. «No importa si entraron un dólar o un millón de dólares, no importa el monto, porque eso se llama lavado de activos y es un delito penalizado con cárcel», sentenció Gutiérrez, subrayando la seriedad de las implicaciones legales.
Contexto de la corrupción en Medellín y los lazos con la política nacional
La denuncia de Gutiérrez se enmarca en un contexto de investigaciones que desde hace años señalan presuntos actos de corrupción en la administración distrital anterior de Medellín, bajo la égida de Daniel Quintero. Los escándalos más prominentes incluyen casos como los relacionados con Afinia y Canacol, filiales de EPM, la empresa de servicios públicos de Medellín.
En el caso de Canacol, se investiga un controvertido contrato de 5 billones de pesos para suministro de gas y construcción de un gasoducto, donde se habla de una presunta comisión de 50 millones de dólares. Por su parte, Afinia, la filial de EPM en la Costa Caribe, habría sido entregada a un grupo político a cambio de un pago de 8 millones de dólares, según testimonios recogidos por la auditoría forense.
El diario EL COLOMBIANO ya había reportado en 2023 sobre la aparición de dos empresarios venezolanos, con vínculos previos con el chavismo, y un operador político de la misma nacionalidad, quienes habrían constituido al menos siete empresas en el Valle de Aburrá. Estas firmas, a pesar de no reportar empleados ni activos tangibles, mostraron un crecimiento patrimonial inexplicable, generando sospechas de ser vehículos para el lavado de dinero.
Un nombre que ha surgido en estas investigaciones es el de Sebastián Ortega, hijo del político William Ortega. Aunque su padre negó vínculos con la investigación de Afinia, Sebastián, residente en Miami, ha sido salpicado en el escándalo de contratación del Área Metropolitana y estaría en el radar de las autoridades internacionales.
Implicaciones y advertencias
El alcalde Gutiérrez también señaló una posible conexión entre los nombres entregados al FBI y escándalos que han salpicado al gobierno del expresidente Gustavo Petro, particularmente en relación con Ecopetrol. «Muchas de estas personas y de los nombres y empresas que he entregado, van a ver que se van a ir relacionando también con el robo que le hicieron a Ecopetrol», afirmó Gutiérrez, indicando que el FBI tiene un interés particular en todo el proceso.
El mandatario hizo un llamado a los implicados a colaborar con la justicia, advirtiéndoles sobre las severas consecuencias. «Es mejor que de una vez firmen un principio de oportunidad o es mejor que de una vez le cuenten todo a las autoridades de los Estados Unidos, porque van a terminar muy mal. Inclusive, muchos pueden terminar siendo pedidos en extradición. Se les va derrumbando el castillo de corrupción que crearon entre 2020 y el 2023», concluyó Gutiérrez.
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