Durante las conversaciones sobre la reforma tributaria, diversos sectores productivos plantearon al Gobierno nacional mantener la tarifa actual del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, descartando la disminución que contempla el proyecto oficial, a cambio de no establecer gravámenes específicos de IVA en distintas actividades económicas.
Una vocera del sector privado confirmó que en las reuniones se reconoció la difícil situación fiscal del país, describiéndola como un desbalance estructural transmitido desde el mandato presidencial previo. Frente a este panorama, las organizaciones empresariales sugirieron conformar mesas técnicas destinadas a formular opciones que aporten al recaudo del Estado, contemplando una reducción severa de las erogaciones estatales e iniciativas diseñadas por áreas productivas.
Alternativas tributarias frente a la renta y el IVA
La propuesta gremial apunta a evitar gravámenes que presenten complejidades operativas elevadas. La representante de los gremios indicó:
“Diferentes gremios pusieron sobre la mesa revisar esa posibilidad, que a las personas jurídicas no se les haga la disminución de la renta de la forma en la que está proponiendo el gobierno versus no tomar otro tipo de medidas que a lo mejor son muy difíciles de implementar, como el IVA a la canasta familiar”.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Asimismo, otras asociaciones solicitaron retirar la iniciativa gubernamental que busca exigir aportes parafiscales destinados al SENA y al ICBF a las compañías sobre remuneraciones a partir de los $2 millones de pesos.
La dirigente defendió el rol autónomo del empresariado para construir lineamientos de Estado y cuestionar medidas inconvenientes, destacando que el complejo escenario fiscal exige la contribución de todos los frentes.
Iniciativa legislativa para blindar inversiones a largo plazo
De forma paralela, el Consejo Gremial presentó, en coordinación con el partido Conservador, una propuesta de ley orientada a instituir el Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones, dirigido a iniciativas productivas de envergadura. Dicho marco fija las siguientes pautas:
- Garantía de tres décadas: las normas aduaneras, impositivas y normativas aplicadas al comienzo serán reconocidas por el Estado. De presentarse variaciones, los inversionistas podrán exigir la restitución de sus términos o compensaciones económicas. Se contemplan salvaguardas frente a expropiaciones sin resarcimiento y mecanismos delimitados de arbitraje internacional.
- Cobertura multisectorial: admite planes productivos inéditos o ampliaciones con montos que arranquen en 300.000 salarios mínimos (estimados en cerca de $525.000 millones para el año 2026). La etapa de ejecución contempla plazos de 8 años con opciones de extensión por 4 años adicionales, sin tarifas de ingreso.
- Gestión institucional: el Ministerio de Comercio coordinará las solicitudes mediante una ventanilla única con plazo de contestación de 60 días hábiles. De no emitirse pronunciamiento dentro del término legal y cumpliéndose las exigencias, regirá el silencio administrativo positivo. La iniciativa incluye un inventario público de obras y un balance que se enviará cada año al Congreso.
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