Gremios petroleros piden eliminar sobretasa de renta en Ley de Rescate

Ante la inminente radicación gubernamental de la Ley de Rescate, cuyo propósito es alcanzar un ajuste fiscal del 2,2 % del producto interno bruto (PIB), las principales asociaciones del sector energético colombiano formularon una serie de modificaciones tributarias y operativas. El planteamiento conjunto provino de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) y el Comité Intergremial de Petróleo y Gas (Campetrol).

Supresión del recargo impositivo y desventaja regional

El punto central del pliego gremial radica en desmontar la sobretasa del impuesto sobre la renta aplicada a la extracción de crudo, tributo que adiciona hasta 15 puntos porcentuales sobre la base general del 35 %. Conforme a los cálculos del sector, dicha carga elevaría la tarifa impositiva colombiana al 50 % para el año 2026, una cifra distante frente a la media latinoamericana, que se ubica en el 21 %.

Los representantes de la industria argumentaron que este diferencial menoscaba la competitividad internacional y frena la llegada de capitales, sobre todo en actividades que demandan extensos periodos de inyección financiera previa a su fase productiva.

Incentivos de largo plazo y el modelo argentino

Como mecanismo para brindar certidumbre, las entidades propusieron instaurar un régimen de estabilidad regulatoria, jurídica y tributaria enfocado en grandes iniciativas de petróleo, gas y energía. Para ilustrar la viabilidad del instrumento, citaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establecido en Argentina durante 2024, el cual otorga certidumbre fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, junto a una tasa impositiva de renta del 25 %. Dicho esquema reportó, con corte al 18 de septiembre de 2026, 23 proyectos autorizados por US$49.766 millones.

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Frank Pearl, presidente de la ACP, explicó la pertinencia de acompañar el ajuste estatal con facilidades a la inversión:

“El esfuerzo del Gobierno para ajustar el gasto puede complementarse con medidas que ayuden a movilizar inversión, fortalecer la competitividad y generar oportunidades de desarrollo”.

Descenso en la producción y deterioro del recaudo

Por su parte, Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, subrayó la urgencia de reanimar el bombeo nacional para robustecer las arcas públicas:

“Colombia necesita fortalecer sus finanzas públicas y aumentar el recaudo fiscal mediante incentivos que impulsen una mayor producción de petróleo y gas”.

El dirigente gremial precisó además que la extracción de petróleo cayó 27 % y la de gas descendió 32 % en comparación con los registros de 2015. Sumado a ello, Colombia acumula más de cuatro años sin suscribir nuevos contratos exploratorios, y el gas procedente del exterior abarca casi un tercio del mercado doméstico.

Las finanzas del Estado reflejan este panorama productivo:

En 2013, los aportes del sector al Gobierno nacional sumaron cerca de $47,6 billones a precios de 2025, representando el 20,8 % de los ingresos corrientes de la Nación.
Durante 2025, el aporte conjunto por impuestos, dividendos de Ecopetrol y derechos ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue de $13,6 billones, equivalentes al 4,5 % del recaudo global del Ejecutivo.
En su pico histórico, los hidrocarburos generaron alrededor de $48 billones anuales al fisco a precios de 2025, sin considerar las regalías departamentales y municipales.
La ACP advierte que restringir la búsqueda de recursos a los convenios existentes privaría al erario de aproximadamente $40 billones entre 2027 y 2035.

Agilidad en trámites y contratación nacional

La segunda directriz promovida por las asociaciones contempla acortar los plazos administrativos mediante un cronograma predecible para consultas previas y licenciamientos ambientales, sin relajar las exigencias de sostenibilidad, además de impulsar formación comunitaria en las regiones de influencia.

Jaime Checa, líder de la ACGGP, recalcó la disponibilidad operativa inmediata:

“Lo que proponemos no exige gastar, exige destrabar. Hay recursos descubiertos esperando a ser producidos”.

Checa ofreció el respaldo técnico de su organización y solicitó la apertura de una mesa de trabajo con la ANH.

Finalmente, los gremios plantearon asegurar encadenamientos económicos locales, considerando que el 39 % de las actividades productivas de la nación se vinculan con el sector petrolero y que 56 centavos de cada peso generado se destinan a proveeduría. Sugirieron que el régimen de estabilidad incluya una cuota de compra interna similar a la argentina, que exige un 20 % en bienes y servicios nacionales si hay precios competitivos, complementado con financiación para micro, pequeñas y medianas empresas de ingeniería.

Sobre este aspecto, Carlos Arturo Cárdenas, presidente nacional de ACIEM, concluyó:

“La Ley de Rescate no debe limitarse a resolver necesidades fiscales de corto plazo. Si se apoya en la Ingeniería nacional, puede convertirse en una agenda de empleo calificado, productividad y desarrollo para las regiones”.