Gobierno propone eliminar Ley 600: debate judicial en Colombia

El Gobierno ha puesto sobre la mesa la propuesta de eliminar la Ley 600 del 2000, el antiguo sistema penal que todavía rige en miles de expedientes judiciales en Colombia. Así lo dio a conocer esta semana el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien aclaró que, aunque se está estudiando la iniciativa, no figura como una prioridad inmediata para el Ejecutivo.

Desde Girón, el ministro Cancino afirmó a los medios que “La Ley 600 es una propuesta que está. Realmente la estamos estudiando, pero por ahora tampoco es una prioridad”. Esta declaración ha abierto un debate sobre los escenarios jurídicos que implicaría la derogación de esta normativa.

Diferencias entre sistemas y casos impactados

La Ley 600 del 2000, también conocida como sistema inquisitivo, se caracteriza por ser de carácter escritural. Este sistema fue reemplazado en 2004 por la Ley 906, que instauró el sistema penal acusatorio de corte oral. Sin embargo, debido a la antigüedad de algunos procesos, ciertos despachos judiciales continúan operando bajo la Ley 600.

Entre los casos de alto perfil que aún se investigan bajo este antiguo marco legal se encuentran:

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

El expediente de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
El magnicidio del político Luis Carlos Galán.
La investigación contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja.

Estos y otros casos pueden seguir siendo investigados bajo la Ley 600 al haber sido declarados delitos de lesa humanidad. La Fiscalía General de la Nación maneja aproximadamente más de 25.000 casos bajo este sistema, distribuidos en diversas oficinas del país, incluyendo la Dirección de Derechos Humanos, que investiga homicidios y secuestros cometidos décadas atrás.

Posiciones de expertos ante la derogación

La posible derogación de la Ley 600, que se presentaría en el marco de una reforma al sistema penal, genera expectativas sobre la postura de entidades clave como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.

Voces a favor de la eliminación

Varios abogados han expresado su respaldo a la iniciativa gubernamental:

Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ): Manifestó su acuerdo con la derogación, al considerar que la Ley 600 es anticuada frente a la normativa actual. Sugirió que se revise a fondo todo el sistema penal acusatorio, no solo la derogatoria de esta norma, para fortalecerlo y proteger los derechos de las víctimas.
Camilo Burbano, abogado penalista: Coincide en que la eliminación es necesaria, ya que mantener dos sistemas abiertos genera «caos en la Rama Judicial». Señaló que el sistema acusatorio es una evolución en garantías para la víctima y el procesado, por lo que resulta «contraproducente mantener un sistema con tendencia inquisitiva».
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia: Argumentó que el dualismo actual envía un «mensaje equivocado» al dar la impresión de que los altos funcionarios del Estado tienen un procedimiento especial con garantías distintas. Instó a corregir esta coexistencia «cuanto antes».
Sergio Clavijo, abogado: Calificó la derogación como un «acierto del Gobierno», destacando que el Presidente y el Ministro de Justicia, siendo penalistas, conocen las implicaciones de tener dos sistemas para investigar y juzgar los mismos delitos.

Desafíos de la transición

A pesar del consenso sobre la necesidad de unificar el sistema, la derogación de la Ley 600 implica una serie de consideraciones técnicas y logísticas:

Fortalecimiento del sistema acusatorio: Camilo Burbano enfatizó que se deben tomar «medidas efectivas para mejorar el sistema acusatorio» y asegurar que cumpla las expectativas de una justicia ágil y efectiva.
Competencias de la Sala de Instrucción: Sergio Clavijo planteó la interrogante sobre cómo ejercerían sus competencias los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema si desaparece la Ley 600. En el sistema acusatorio, varias de esas labores requieren el aval de un juez de control de garantías, y se necesitaría diseñar este «engranaje».
Mecanismo de descongestión: Una fuente de la Rama Judicial indicó que se requeriría un mecanismo de descongestión específico para evacuar los miles de procesos actualmente bajo la Ley 600, lo que exige una planificación cuidadosa.