El Ministerio de Ambiente, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, alista un ajuste estructural en la financiación destinada a la conservación ambiental en Colombia. Esta modificación implica la restitución de la exención total del 100% en el impuesto al carbono para empresas consideradas contaminantes que opten por adquirir bonos verdes. La medida deroga el límite del 50% que fue establecido en 2022 durante el gobierno de Gustavo Petro.
Impacto financiero en el Fondo para la Vida y la Biodiversidad
La decisión gubernamental generará una disminución aproximada de $606.000 millones de pesos anuales en la recaudación, según reportes del portal La Silla Vacía. Este impacto financiero recaerá directamente sobre el fondo ambiental público de la Nación, formalmente conocido como Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Dicho fondo recibía el 80% de lo recaudado por el gravamen al carbono, recursos que eran destinados a comunidades campesinas e indígenas para actividades de cuidado de bosques y estrategias contra la deforestación.
Argumentos oficiales y del sector privado
Voceros del Gobierno han defendido la iniciativa. Andrés Herkrath, director del Ideam, manifestó que la medida no representa un desamparo para los ecosistemas, sino una transición de la intermediación burocrática hacia una inversión privada directa. Según sus proyecciones, al permitir la compra total de certificados, las industrias podrían inyectar alrededor de $2 billones de pesos anualmente de manera directa a proyectos de conservación ubicados en regiones como la Amazonía, el Pacífico y la Orinoquía.
La iniciativa responde a una solicitud del gremio Asocarbono, que agrupa a los desarrolladores de bonos de carbono. Este sector afronta una situación crítica, con 20 empresas próximas a la quiebra, una depreciación significativa de los precios, que pasaron de $18.000 a $8.000 pesos por tonelada, y más de 40 millones de toneladas represadas sin compradores. Asocarbono argumenta que el fondo estatal presenta demoras en los procesos de contratación, pudiendo tardar hasta un lustro, y que solo transfiere el 35% de los fondos a las comunidades. En contraste, el mercado privado, según el gremio, desembolsa el dinero en un plazo de 60 días y destina hasta el 75% a las comunidades.
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Para formalizar este cambio tributario, el Ejecutivo tiene previsto radicar la reforma legal ante el Congreso. Esto se realizaría a través de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo o mediante una ley de ajuste fiscal.
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