Gobierno De la Espriella reabre debate sobre glifosato y política antidrogas

El Gobierno de Abelardo De la Espriella ha tomado medidas que reconfiguran la estrategia nacional de lucha contra los cultivos ilícitos. La derogación de la prohibición que pesaba sobre la aspersión aérea con glifosato y la disolución de un comité de monitoreo de cultivos de coca señalan un cambio de dirección en la política antidrogas del país, reviviendo un debate que ha sido central en la historia reciente de Colombia.

Derogación que abre la puerta al glifosato

La administración De la Espriella ha dado un paso significativo al anular la medida que, desde 2015, había suspendido la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos de coca. Esta prohibición había sido instaurada por el gobierno de Juan Manuel Santos, en un contexto de acercamiento con las Farc y búsqueda de nuevas estrategias contra el narcotráfico.

La decisión actual, formalizada por el Ejecutivo, responde a una promesa de campaña del presidente De la Espriella, quien había manifestado su intención de retomar este método. Sin embargo, la reanudación efectiva de las fumigaciones no será inmediata. El Gobierno deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Corte Constitucional, que ha reiterado que el uso del glifosato no está proscrito, pero sí condicionado a estrictas salvaguardas.

Condiciones impuestas por la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ha sido enfática en que cualquier programa de aspersión aérea debe adherirse a pautas rigurosas para proteger el medio ambiente y las comunidades. Los requisitos clave incluyen:

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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe contar con un Plan de Manejo Ambiental General vigente, conforme a lo dictaminado en la Sentencia T-413 de 2021. Este plan debe detallar las acciones para mitigar los impactos ambientales.
Es indispensable adelantar procesos de consulta previa con comunidades étnicas antes de implementar el programa en sus territorios. Este requisito se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los precedentes de la Corte Constitucional, asegurando la participación y el consentimiento informado de estas poblaciones.

Estos condicionamientos buscan equilibrar la necesidad de combatir los cultivos ilícitos con la protección de los derechos humanos y la integridad ecológica, un desafío constante en un país como Colombia.

Desmontaje del Comité Científico de Monitoreo

Paralelamente a la decisión sobre el glifosato, el Gobierno de De la Espriella expidió la Resolución 008 de 2026, que deroga en su totalidad la Resolución 005 del 6 de agosto de 2026. Esta última había creado un Comité Científico permanente encargado de monitorear y revisar los cultivos ilícitos en el país.

La derogación, firmada por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, se fundamenta en una evaluación que identificó múltiples riesgos asociados al nuevo comité. Los argumentos esgrimidos incluyen:

Superposición de funciones: Existía una duplicidad con el Comité Técnico Interinstitucional del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), operativo desde 2009 y actualizado en 2021. Mantener ambas instancias podría generar ineficiencia administrativa y ambigüedad en las competencias para el análisis y reporte.
Dificultades con organismos internacionales: El SIMCI opera en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La creación de un comité adicional habría implicado nuevas obligaciones de información y procedimientos que, según la resolución, podrían afectar la gobernanza técnica de los acuerdos de cooperación vigentes.
Protección de información estratégica: Se cuestionó que el comité recién creado permitiera a expertos externos y académicos acceder a información geoespacial, bases de datos primarias y metodologías reservadas sin un marco adecuado para gestionar riesgos, conflictos de interés, confidencialidad y reserva legal.

Con esta medida, el Gobierno ha optado por mantener el esquema interinstitucional preexistente para la medición y reporte de cultivos ilícitos, centralizando estas funciones en el SIMCI.

Contexto histórico y socioeconómico de la política antidrogas en Colombia

Colombia, y en particular sus regiones rurales como el Cauca, Nariño o Putumayo en el suroccidente, ha sido históricamente el epicentro de la producción de cocaína a nivel mundial. La lucha contra el narcotráfico ha marcado la vida política, económica y social del país durante décadas, con implicaciones profundas para las comunidades campesinas. La estrategia de aspersión aérea con glifosato, introducida masivamente en los años 90 con apoyo internacional, ha sido una de las herramientas más controvertidas.

Mientras sus defensores argumentan su eficacia para reducir grandes extensiones de cultivos de forma rápida, sus detractores, incluyendo a campesinos, indígenas y afrodescendientes, denuncian los efectos nocivos sobre la salud humana, la seguridad alimentaria (por la afectación a cultivos lícitos) y el medio ambiente. La interrupción de la fumigación en 2015 fue un intento de buscar enfoques más integrales, promoviendo la sustitución voluntaria de cultivos y la inversión en desarrollo rural sostenible, aspectos clave en el Acuerdo de Paz con las Farc.

El regreso potencial del glifosato, en un escenario de persistente aumento de las hectáreas cultivadas, evidencia la complejidad y la falta de consenso sobre cuál es la vía más efectiva para abordar este flagelo. Las decisiones del gobierno de Abelardo De la Espriella, por tanto, no son meros ajustes administrativos, sino la redefinición de prioridades en una política que afecta directamente la estabilidad y el futuro de vastas zonas del territorio nacional, reavivando el debate entre la contundencia de la erradicación forzosa y la necesidad de soluciones sostenibles y respetuosas con los derechos humanos y el entorno.