Gobierno alista fotomultas en patrullas y peajes por mandato judicial

El Gobierno colombiano se prepara para implementar una significativa ampliación del sistema de fotomultas, extendiéndolas a las patrullas de la Policía Nacional y a las cámaras de los peajes. Esta medida no surge de una iniciativa propia del ejecutivo, sino como respuesta directa a una orden judicial que busca reglamentar un artículo de ley que, desde 2023, esperaba ser desarrollado y que el Ministerio de Transporte mantuvo sin acción durante casi tres años.

La decisión judicial deviene de una acción de cumplimiento interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que falló en septiembre de 2025. Posteriormente, el Consejo de Estado confirmó dicha resolución el 5 de febrero de 2026, otorgando al Ministerio de Transporte un plazo de seis meses para cumplir con la reglamentación. Este fallo subraya la inacción estatal frente a normativas preexistentes y la necesidad de la intervención judicial para garantizar su cumplimiento.

La Preocupante Cifra del SOAT y su Impacto

La urgencia de esta reglamentación se ancla en un dato alarmante: cerca de la mitad de los vehículos que circulan en Colombia lo hacen sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. Esta cifra, reconocida por el propio Estado, representa un riesgo considerable para la seguridad vial y la sostenibilidad del sistema de atención a víctimas de accidentes. La falta de este seguro esencial deja a miles de ciudadanos desprotegidos y genera una carga adicional para el sistema de salud pública.

La evasión del SOAT no es solo un problema administrativo; es un reflejo de una cultura de incumplimiento que afecta directamente la vida de las personas. En regiones como el Valle del Cauca, donde la movilidad es intensa y la informalidad vehicular puede ser notoria, la ausencia de SOAT magnifica los riesgos en caso de siniestros, impactando no solo a los involucrados directos sino a la infraestructura hospitalaria y los recursos públicos.

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Ampliación de la Vigilancia: Patrullas y Peajes

El proyecto de resolución, elaborado de forma conjunta por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), propone dos cambios fundamentales en la operación de las fotomultas:

Fotomultas en vehículos en movimiento: Hasta ahora, la norma prohibía el uso de fotomultas desde vehículos terrestres en movimiento, con excepción de controles aéreos como drones. El nuevo borrador incorpora una segunda excepción crucial: las patrullas terrestres de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) podrán detectar infracciones mientras circulan por vías nacionales. Esto incluye la falta de SOAT, la revisión técnico-mecánica vencida y el exceso de velocidad.
Cámaras en peajes: Las cámaras ya instaladas en las vías a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) serán incorporadas al sistema. Estas entidades deberán reportar sus equipos disponibles, y las autoridades de tránsito podrán solicitar el uso de esa información para detectar infracciones, sumando un nuevo punto de control automatizado a la red existente.

Esta expansión de la capacidad de detección representa un esfuerzo significativo para aumentar la vigilancia y la aplicación de las normativas de tránsito. La tecnología se convierte así en un aliado estratégico para subsanar deficiencias en el control manual, buscando generar un impacto positivo en la seguridad vial y en la formalización de la documentación vehicular.

Un Sistema Actual Deficiente y sus Retos

Un informe de la Dirección de Infraestructura y Vehículos de la ANSV respalda la necesidad de estos cambios, al revelar las deficiencias del sistema actual de fotomultas. Las cifras no son alentadoras:

Solo el 44,1% de los puntos solicitados para fotomultas entre 2020 y 2025 fueron aprobados.
El 24,6% de las solicitudes se cancelaron por fallas de las autoridades de tránsito.
Otro 24,7% fue rechazado directamente por la ANSV.
Los plazos de aprobación se exceden significativamente: la norma establece 45 días hábiles, pero el promedio real es de 107 días calendario.
El 61,2% de los puntos autorizados nunca reportó formalmente su inicio de operación, lo que impide verificar su funcionamiento y medir su impacto real.

A estos problemas se suma un vacío legal importante: la ley estipula que las fotomultas autorizadas tienen una vigencia de cinco años, pero no se había establecido un procedimiento formal para su renovación. Esta omisión generó improvisaciones y el uso de normas genéricas ante la caducidad de numerosos puntos en noviembre de 2024. El nuevo proyecto de resolución busca subsanar esta falencia, creando un procedimiento de renovación claro y con plazos definidos.

Contexto Regional: La Movilidad en el Suroccidente

En el suroccidente colombiano, que incluye ciudades como Cali y Popayán, la problemática del transporte y la seguridad vial presenta particularidades. El crecimiento de la población y el parque automotor, sumado a una infraestructura vial que en ocasiones no se moderniza al mismo ritmo, genera presiones constantes. La informalidad en el transporte, la evasión de seguros y la falta de revisión técnico-mecánica son desafíos recurrentes. La implementación de fotomultas en patrullas y peajes en esta región podría tener un impacto significativo, no solo en la reducción de infracciones, sino también en la recaudación de recursos que pueden reinvertirse en seguridad vial y mantenimiento de la infraestructura.

La vigilancia automatizada busca complementar la labor de los agentes de tránsito, que a menudo se ven desbordados por la magnitud del problema. La efectividad de estas nuevas medidas dependerá, en gran parte, de la transparencia en su implementación, la claridad en la comunicación a la ciudadanía y una constante evaluación de su impacto en la accidentalidad y la cultura vial.

Próximos Pasos

El proyecto de resolución se encuentra actualmente en fase de consulta pública, lo que permite a diferentes actores y ciudadanos expresar sus comentarios y sugerencias. Una vez finalizado este proceso y firmada la resolución, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, las nuevas reglas de operación y aplicación de las fotomultas solo comenzarían a regir seis meses después, otorgando un periodo de adaptación tanto a las autoridades como a los conductores.