Gobierno advierte default en 2027 Si Congreso no aprueba Ley de Rescate Económico

El Poder Ejecutivo alertó sobre la crítica situación de las finanzas públicas y el peligro inminente de un incumplimiento en los compromisos financieros del país si el Congreso de la República no da luz verde a la propuesta de Ley de Rescate Económico. Así lo manifestaron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el titular de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, funcionarios que integran la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Déficit fiscal y amenaza de default para 2027

De acuerdo con Restrepo, la deuda pública pasó de 800 billones a 1.200 billones de pesos durante el cuatrienio precedente de Petro. Ante ese escenario, el vicepresidente remarcó que el país afronta el doble de costo por concepto de riesgo y que resulta inaplazable aprobar la normativa: «Si no hacemos nada, el próximo año, o sea, en 2027, vamos a entrar en default», sentenció.

Por su parte, el ministro Gómez Martínez sostuvo que las estimaciones preliminares de la administración anterior situaban el desbalance fiscal en un 4,5 %, no obstante, las revisiones actuales corrigieron esa cifra más allá del 7 % del producto interno bruto. El jefe de las finanzas alertó que, en caso de no tramitarse esta reforma, dicho indicador podría escalar al 10 % del PIB.

Los pilares que componen la ley

Frente a las dudas sobre si el articulado corresponde a un ajuste tradicional o a una reforma tributaria ordinaria, el vicepresidente aclaró que el objetivo central es una recuperación estructural basada en cuatro frentes prioritarios:

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Área social: reintegrar los tributos indirectos a 19 millones de habitantes que actualmente asumen dicho gravamen.
Sector salud: atender la problemática heredada donde el 90 % de los ciudadanos carece de un suministro total de medicinas.
Dinamismo productivo: reactivar los índices de expansión en la economía interna.
Equilibrio fiscal: estabilizar los niveles del endeudamiento público y contener el déficit nacional.

A estos objetivos se suma la contención del gasto. Al respecto, el ministro Gómez Martínez precisó que la reducción de carteras ministeriales no hace parte de este proyecto específico, pues dicha reestructuración demanda el trámite independiente de una ley orgánica.

Distribución del recorte presupuestal y nuevo esquema del IVA

Restrepo especificó que las entidades gubernamentales asumirán el 70 % del esfuerzo económico total. Para el año 2030, la reducción proyectada abarcará cerca de 4,7 % del PIB, equivalente a unos 90 billones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aportará aproximadamente 63 billones de pesos a través del Plan Nacional de Desarrollo, decretos de Hacienda y el proyecto legislativo en curso.

Asimismo, se contemplan cambios sustanciales en el recaudo tributario. Restrepo aseveró que uno de cada diez contribuyentes, correspondiente al sector de mayores ingresos, asumirá el 97 % de la carga en este articulado. Paralelamente, el ministro Gómez Martínez anunció la devolución del IVA a 19 millones de personas de bajos recursos a partir del primero de enero de 2028:

El mecanismo operará de manera individual con la presentación de la cédula al comprar en comercios dotados con factura electrónica.
Los montos devengados por el gravamen serán reintegrados directamente en la cuenta bancaria del consumidor.
El Estado dispondrá de un plazo de un año para implementar la infraestructura tecnológica requerida y capacitar a los tenderos del país.

El ambiente político en los debates del Congreso

Gómez Martínez reconoció que la deliberación con los congresistas será ardua, por lo que todo el gabinete ministerial participará en la defensa de la propuesta para persuadir a las bancadas sobre la urgencia de actuar. El ministro puntualizó que el Ejecutivo evaluará propuestas alternativas para disminuir erogaciones, pero insistió en que el Congreso debe asumir una responsabilidad histórica sin comprometer las metas de austeridad necesarias para el equilibrio financiero.