El Gobierno Nacional confirmó la puesta en marcha de una ruta institucional destinada a proteger a Deicy Jiménez. La determinación responde a las recientes declaraciones públicas de la ciudadana que vinculan al expresidente Gustavo Petro con presuntas irregularidades en contrataciones públicas a cambio de favores sexuales.

La directriz oficial fue comunicada el domingo 25 de octubre de 2026 por Iván Cancino, quien ejerce como ministro de Justicia y ministro del Interior encargado. El pronunciamiento oficial detalló que el procedimiento responde a instrucciones emitidas por el presidente Abelardo de la Espriella, con el fin primordial de resguardar la vida, integridad y seguridad de la denunciante.

Coordinación estatal y alcance del mecanismo preventivo

La ejecución de esta estrategia preventiva estará a cargo de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Cancino puntualizó que las diligencias se orientarán a mantener la reserva correspondiente y amparar las garantías fundamentales de Jiménez.

A pesar del inicio del protocolo, el documento emitido por la administración nacional aclara aspectos clave sobre la medida:

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  • Se establece la ruta institucional de seguridad para la ciudadana.
  • No se confirma todavía la asignación de un esquema de protección de carácter individual.
  • No se precisaron las acciones materiales o específicas que integrarán este dispositivo.

Frente a la situación, el Gobierno Nacional consignó en su comunicación oficial: «El Gobierno nacional reitera que ninguna persona debe sentir temor por ejercer su actividad política, social o periodística, ni por expresar libremente su testimonio. Desde los ministerios de Justicia y del Derecho y del Interior se reafirma el compromiso de articular las acciones necesarias para proteger a quienes consideren que su vida o integridad se encuentran en riesgo».

Los señalamientos públicos presentados por Jiménez

La determinación oficial se originó luego de que la denunciante concediera una entrevista a la revista SEMANA. En dicho diálogo, Jiménez sostuvo la presunta existencia de una red conformada por entre 30 y 40 mujeres, quienes habrían obtenido contratos en diversas entidades estatales a cambio de sostener citas sexuales con Petro.

De acuerdo con su testimonio, varias de las señaladas aún conservarían vínculos laborales con dependencias públicas. Jiménez también manifestó que ella misma desempeñó contratos con diversas dependencias del Estado que guardaban relación con citas privadas mantenidas con Petro, tanto en su periodo como congresista como durante su paso por la presidencia de la República.

Asimismo, la mujer mencionó presuntos episodios ligados al consumo de drogas a lo largo de los encuentros con el exmandatario y declaró que cuenta con elementos de prueba para respaldar partes de su relato. Frente a estos hechos, corresponde a organismos de control e investigación, entre ellos la Fiscalía y la Procuraduría, adelantar las pesquisas pertinentes orientadas a verificar la veracidad de lo denunciado.

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