Bogotá, Colombia – La Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades han activado un esquema de investigación coordinado para abordar el caso de Juan Guillermo Tovar Niño, un exalumno del prestigioso Gimnasio Campestre, quien enfrenta múltiples acusaciones por presuntas estafas millonarias.

La intervención de ambas entidades estatales surge tras una investigación periodística de Caracol Radio, que expuso un patrón de denuncias de inversionistas que habrían entregado sumas significativas de dinero para financiar negocios que, según las revelaciones, eran inexistentes o falsos.

Prioridad Institucional a un Caso de Alto Perfil

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha impartido la orden de priorizar este expediente dentro del ente investigador. Esta decisión busca agilizar las indagaciones sobre Tovar, quien actualmente tiene al menos cuatro noticias criminales activas por la presunta comisión de delitos como estafa, falsedad en documento privado, abuso de confianza y actos sexuales con menor de 14 años.

La Delegada para la Seguridad Territorial ha asumido la coordinación de las pesquisas, con el objetivo de concentrar recursos y esfuerzos para obtener resultados más rápidos y contundentes frente a las denuncias acumuladas.

Un aspecto relevante de esta priorización es la posibilidad de ampliar el espectro de la investigación. Si se verifica la existencia de una concertación entre varios individuos para perpetrar los presuntos fraudes, podrían determinarse nuevas líneas de acción penal. Algunas denuncias ya sugieren que parte de los capitales entregados por los inversionistas habrían terminado en cuentas bancarias de familiares o personas allegadas a Tovar.

Contexto Socioeconómico de la Captación Ilegal en Colombia

La situación de Juan Guillermo Tovar Niño se enmarca en un fenómeno recurrente en Colombia: la proliferación de esquemas de captación ilegal o piramidal. Este tipo de estafas, aunque se presentan con distintas fachadas, comparten un denominador común: la promesa de rentabilidades extraordinarias en tiempos récord, a menudo superiores a las ofrecidas por el sistema financiero formal y sin los avales regulatorios correspondientes. Históricamente, estos esquemas han proliferado en periodos de incertidumbre económica o en contextos donde la desconfianza en las instituciones financieras tradicionales se combina con la ambición de obtener ganancias rápidas. Casos emblemáticos como el de DMG o las llamadas ‘pirámides’ en la década de los 2000, e incluso esquemas más recientes que invocan tecnologías como las criptomonedas, ilustran cómo los victimarios explotan la falta de información y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población, o en este caso, la confianza en círculos sociales cerrados, para sustraer grandes cantidades de capital. La respuesta coordinada de la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades no solo busca sancionar a los responsables, sino también prevenir que tales prácticas se arraiguen, protegiendo la estabilidad económica y la confianza pública.

Modus Operandi y Falsas Propietarias

El esquema de Tovar, según los denunciantes, consistía en presentarse como un empresario con sólidos contactos en el sector energético y logístico del país. Afirmaba tener contratos millonarios con compañías de la talla de Ecopetrol, Cenit, Promigas y el Puerto de Barranquilla, y solicitaba inversiones para financiar actividades como la ejecución de contratos de hidrocarburos, transporte de carga o actividades portuarias. Las rentabilidades prometidas en algunos casos superaban el 20 por ciento en cuestión de semanas.

No obstante, la investigación periodística ha revelado que ninguna de las empresas mencionadas por Tovar ha tenido relación comercial alguna con él o con las sociedades que presuntamente representaba.

Además de las acciones penales, Juan Guillermo Tovar enfrenta tres demandas civiles por obligaciones económicas pendientes, con montos que oscilan entre 70 y 1.300 millones de pesos. También se le ha señalado formalmente como sospechoso en una denuncia por robo en la vivienda de su madre, aunque no ha sido vinculado directamente a los hechos.

Intervención de la Superintendencia de Sociedades: Captación Masiva y Patrimonio

A las investigaciones penales y civiles se ha sumado un frente administrativo crucial: la Superintendencia de Sociedades ha iniciado una investigación para determinar si ha ocurrido una posible captación masiva y habitual de recursos del público sin la debida autorización estatal.

El Grupo de Investigaciones Administrativas por Captación, especializado en estos esquemas, está a cargo del proceso. Su objetivo principal es determinar el número real de afectados y reconstruir el flujo de los recursos entregados para configurar los supuestos legales de captación masiva.

  • Identificación de activos: La Superintendencia busca identificar los bienes y patrimonios vinculados a Tovar y sus actividades.
  • Mecanismos de recuperación: Se explorarán vías para facilitar la recuperación del dinero para los afectados.
  • Empresas vinculadas: Fénix Comercializadora Internacional (Fénix C. I.), constituida en Barranquilla en 2016 con un capital de diez millones de pesos, figura entre las empresas mencionadas en los expedientes y testimonios. La empresa ha dejado de renovar su matrícula mercantil, operando de manera irregular.

Si las investigaciones administrativas concluyen que hubo captación irregular, la Superintendencia podría intervenir las actividades empresariales relacionadas, incluyendo la toma de posesión de bienes, administración temporal de activos o procesos de liquidación para proteger a los acreedores.

Es importante recalcar que, en esta etapa, ninguna de las medidas implica una declaración de responsabilidad. Tanto las investigaciones penales como las administrativas se encuentran en fases preliminares y buscan reunir el material probatorio suficiente para futuras imputaciones o acciones legales.

La coordinación entre la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades representa un punto de inflexión significativo en un caso que, hasta ahora, había estado fragmentado entre reclamos dispersos y litigios individuales, prometiendo una indagación más exhaustiva y la búsqueda de justicia para las presuntas víctimas.