Fiscalía ocupa 45 propiedades de Lili Pink por presunto lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación ha intensificado sus acciones contra el conglomerado empresarial Lili Pink, imponiendo medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 45 bienes inmuebles adicionales. Estos activos, valorados en más de 184.615 millones de pesos, se encuentran distribuidos en seis departamentos del país y están vinculados a una investigación por presunto lavado de activos y contrabando.

Extinción de dominio: el alcance de la operación

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, ejecutó esta segunda fase del operativo. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el respaldo del Ejército Nacional, procedieron a la ocupación de los bienes, que incluyen 17 inmuebles rurales y 28 urbanos.

La dispersión geográfica de estos activos sugiere una red operativa con presencia significativa en varias regiones. Los bienes intervenidos están localizados en:

Bogotá D.C.
Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca)
Cartagena (Bolívar)
Pereira (Risaralda)
Ibagué (Tolima)
Cali (Valle del Cauca)

Esta acción es una continuación de una investigación que previamente había vinculado a otra empresa al esquema, reforzando la hipótesis de un entramado complejo dedicado a actividades ilícitas bajo la fachada comercial.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

El esquema de presunto lavado y contrabando

Según las pesquisas de la Fiscalía, Lili Pink habría funcionado como un «conglomerado empresarial que, con la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando». Esta afirmación, de confirmarse, expondría una sofisticada operación para blanquear capitales y evadir impuestos, utilizando una marca de consumo masivo para encubrir los flujos financieros ilegales.

El modus operandi que se investiga implica la triangulación de dinero y bienes, donde los ingresos generados por la venta de ropa femenina serían utilizados para legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas, o la propia importación de la mercancía se realizaría mediante contrabando, afectando la competencia leal y el recaudo fiscal del país.

Contexto del Valle del Cauca y el suroccidente en el entramado criminal

La inclusión de Cali, en el Valle del Cauca, dentro de los lugares donde se ocuparon propiedades no es un hecho aislado y resalta la importancia estratégica de esta región para las redes de crimen organizado en Colombia. El Valle del Cauca, y en particular su capital Cali, ha sido históricamente un nodo crucial para el comercio, tanto legal como ilegal, debido a su ubicación geográfica privilegiada que conecta el centro del país con el Pacífico, a través del puerto de Buenaventura. Esta ventaja logística, si bien es vital para el desarrollo económico legítimo, también la convierte en un corredor atractivo para el contrabando de mercancías y el tráfico de drogas, facilitando el lavado de activos.

La presencia de activos de un conglomerado bajo investigación por lavado en esta zona subraya cómo las estructuras criminales a menudo buscan integrar sus operaciones financieras ilícitas en economías regionales dinámicas. La diversidad económica del departamento, que incluye desde el sector agroindustrial hasta el comercio minorista, ofrece múltiples oportunidades para disfrazar el origen del dinero sucio, integrándolo en actividades comerciales aparentemente legítimas.

Impacto de las medidas de extinción de dominio

Las medidas de extinción de dominio tienen un doble objetivo: desmantelar la capacidad financiera de las organizaciones criminales al privarlas de sus bienes adquiridos ilícitamente y, a la vez, revertir estos activos al Estado para su uso social o para compensar a las víctimas. La cuantía de los bienes afectados en este caso, superando los $184.000 millones, representa un golpe significativo contra la estructura económica que, según la Fiscalía, sostenía las actividades ilegales del conglomerado.

Este tipo de operaciones refuerza el compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra la criminalidad organizada y el lavado de activos, que erosionan las bases de la economía formal y socavan la confianza pública en las instituciones.