La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar sobre el modelo de contratación de fotodetecciones en Medellín, impulsada por una denuncia presentada por una veeduría ciudadana. Esta acción pone bajo la lupa las decisiones tomadas durante la administración del exalcalde Federico Gutiérrez, particularmente en lo referente a la estructuración de la operación a través de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU).
Desde el 1 de enero de 2026, la operación del sistema de fotodetección en Medellín quedó a cargo de la ESU, una entidad completamente pública, propiedad del Distrito. Este cambio sucedió tras la finalización del convenio de concesión que durante 20 años mantuvo el sistema en manos privadas. La Alcaldía de Medellín, bajo la dirección de Gutiérrez, justificó esta modificación argumentando que permitiría que los recursos generados por las fotodetecciones ingresaran directamente al Distrito y que la operación adquiriera un enfoque más preventivo y pedagógico. Se proyectó un incremento del 125% en los ingresos públicos, estimando unos 100.006 millones de pesos anuales destinados a infraestructura vial, semaforización, transporte público y seguridad vial.
Cuestionamientos al Nuevo Modelo de Contratación
A pesar de las justificaciones oficiales, la denuncia de la veeduría ciudadana se concentra en la forma de contratación a través de la ESU. Según los denunciantes, el contrato tendría una duración proyectada de 15 años y cuestionan la transparencia y trazabilidad del proceso contractual, además de advertir sobre una eventual participación de terceros privados. El punto central de la discordia es si la utilización de una empresa industrial y comercial del Estado como vehículo contractual garantiza, por sí misma, la transparencia y el interés público.
La Alcaldía de Medellín ha insistido en que el nuevo modelo busca precisamente terminar con el esquema de concesión anterior y recuperar una mayor proporción de los recursos para la ciudad. Sin embargo, los denunciantes plantean que el uso de la ESU, aunque sea una empresa pública, no exime de la necesidad de claridad en los procesos licitatorios y operativos.
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En Colombia, los contratos de concesión para fotodetecciones han sido una fuente recurrente de controversia a nivel local y nacional. Numerosas ciudades han enfrentado críticas por los altos montos de comparendos, la percepción de un afán recaudatorio y la opacidad en la distribución de los ingresos. El caso de Medellín no es el primero en generar llamados a la investigación. Históricamente, el modelo de fotomultas ha sido cuestionado por su tendencia a priorizar el recaudo sobre la pedagogía vial, generando malestar ciudadano y sospechas de corrupción en algunos municipios.
Este contexto es relevante al analizar la situación en Medellín. Aunque la transición a la ESU se presentó como una medida para combatir la privatización y mejorar la gestión pública, la desconfianza persiste cuando se trata de contratos de largo plazo y el manejo de grandes volúmenes de dinero. La experiencia histórica demuestra que, incluso con la participación de entidades públicas, los mecanismos de control y vigilancia son esenciales para evitar irregularidades, dado que la presión por generar ingresos puede desvirtuar el propósito original de la medida. En regiones como el Valle del Cauca y el suroccidente del país, procesos similares con fotomultas han generado protestas y la intervención de organismos de control en diversas ocasiones, lo que subraya la sensibilidad del tema para la opinión pública.
Investigaciones Previas y el Rol del Ministerio de Transporte
La actual controversia se suma a un historial de cuestionamientos sobre el sistema de fotodetección en Medellín. En mayo de 2026, el Ministerio de Transporte anunció investigaciones sobre fotodetecciones en varias ciudades, incluyendo Medellín. En ese momento, la capital antioqueña figuraba con 717.000 comparendos bajo revisión por posibles irregularidades. Ante esto, el exalcalde Gutiérrez defendió el funcionamiento de las cámaras, afirmando que operaban conforme a la ley y que la administración no había recibido notificación oficial de ninguna investigación.
Ahora, el debate trasciende el funcionamiento técnico de las cámaras y se centra en la estructura contractual misma. La denuncia ante la Fiscalía abre la puerta a una investigación formal que deberá determinar si las decisiones tomadas se ajustaron al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, existieron irregularidades que podrían constituir delitos o faltas administrativas.
La pregunta central que las autoridades deberán resolver es si el nuevo modelo de operación, ideado para supuestamente «recuperar para la ciudad» la gestión de las fotodetecciones, realmente eliminó la influencia de intereses privados o si simplemente reformuló la participación de actores, manteniendo un esquema que puede ser susceptible de las mismas críticas de falta de transparencia y afán recaudatorio.
Por el momento, se trata de denuncias y presuntas irregularidades. La Fiscalía será la encargada de establecer la veracidad de estas acusaciones y dictaminar si se configuró algún ilícito en la estructuración y ejecución del contrato de fotomultas que la ESU opera en Medellín.
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