Fiscalía imputará tres delitos a Laura Sarabia en caso polígrafo

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado la imputación de tres delitos a Laura Sarabia, exjefe de gabinete presidencial, en el marco de la investigación por el uso irregular de un polígrafo y presuntas interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de su hijo. Esta decisión surge tras la caída de un acuerdo de justicia restaurativa que buscaba cerrar el caso sin llegar a juicio, un desenlace que aviva uno de los escándalos más resonantes del actual gobierno.

La imputación de cargos representa un giro significativo en el proceso, ya que los delitos que se le atribuirían no permitirían a Sarabia acceder a beneficios judiciales como la suspensión condicional de la pena o la negociación anticipada de la sentencia. La situación subraya la complejidad y las implicaciones de un episodio que, desde su inicio, ha sacudido los cimientos de la administración presidencial.

Despliegue de la investigación y delitos imputados

Inicialmente, la Fiscalía había contemplado imputar a Sarabia por los delitos de peculado por uso y falsedad en documento público, relacionados con el presunto uso indebido de recursos y funciones estatales para someter a Marelbys Meza a una prueba de polígrafo en un recinto de inteligencia del Estado. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso revelaron que se añadirá un tercer delito, lo que endurece el panorama judicial para la exfuncionaria.

Los cargos que la Fiscalía formalizará contra Sarabia son:

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Peculado por uso: Relacionado con la utilización de recursos públicos, como el personal de seguridad y las instalaciones de la Casa de Nariño, para fines privados.
Falsedad en documento público: Por supuestas irregularidades en los documentos que justificaron la prueba del polígrafo a Meza.
Un tercer delito: Cuya naturaleza exacta aún no ha sido detallada públicamente, pero que se infiere agrava la situación procesal de Sarabia al impedirle ciertos beneficios.

Este tercer delito es clave en la ruptura del acuerdo que se estaba gestando. La adición de un cargo más, especialmente uno que cierra la puerta a beneficios de negociación, ha llevado a las víctimas y a la propia Fiscalía a desistir de la mediación restaurativa.

El fallido acuerdo de justicia restaurativa

La defensa de Laura Sarabia había explorado activamente la vía de la justicia restaurativa, un mecanismo que permite a las partes involucradas llegar a un acuerdo reparador sin necesidad de un juicio completo. Las negociaciones incluyeron a Marelbys Meza y a su abogado, y se enfocaron en una eventual reparación por los daños causados. No obstante, las condiciones impuestas por la Fiscalía y las víctimas habrían resultado incompatibles con los intereses de la exfuncionaria, particularmente tras la decisión de agregar el tercer delito.

El punto de quiebre se produjo al no lograrse un consenso sobre la aceptación de responsabilidades y la reparación integral, elementos fundamentales para la justicia restaurativa. Para las víctimas, el objetivo era asegurar una reparación completa por el daño a su buen nombre y la violación de sus derechos fundamentales, mientras que la Fiscalía buscaba garantizar que la verdad y la justicia no se vieran comprometidas.

Contexto del caso: Un escándalo de alto impacto

El caso Marelbys Meza-Laura Sarabia ha sido uno de los episodios más polémicos de la presidencia de Gustavo Petro. Inició a finales de enero de 2023 con la denuncia del hurto de una maleta con dinero del apartamento de Sarabia. Para investigar lo sucedido, Meza fue sometida a una prueba de polígrafo en las instalaciones de la Casa de Nariño, un procedimiento que, al no tener valor probatorio en la justicia ordinaria y aplicarse en un contexto de seguridad nacional, generó serias dudas sobre su legalidad y pertinencia.

Posteriormente, la investigación se amplió para incluir posibles interceptaciones ilegales (chuzadas) a Meza y a otra empleada doméstica, Fabiola Perea. Estas acciones habrían sido realizadas por agentes de la Policía bajo la instrucción de personal cercano a Sarabia, con el fin de rastrear el origen del dinero desaparecido. El escándalo escaló, llevando a la renuncia de Sarabia de su cargo como jefa de gabinete y a la salida de otros altos funcionarios, incluido el exembajador Armando Benedetti, quien también fue implicado en el entramado.

La investigación de la Fiscalía ha avanzado contra varios implicados, incluyendo a miembros de la Policía Nacional y otros funcionarios, por los delitos de peculado por uso, abuso de autoridad, violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos y falsedad en documento público.

Implicaciones políticas y judiciales

La decisión de la Fiscalía de imputar formalmente a Laura Sarabia, sin posibilidad de un acuerdo restaurativo previo, proyecta una sombra sobre el gobierno. El caso ha sido percibido por la opinión pública y los sectores de oposición como un ejemplo de presunto abuso de poder y uso indebido de las instituciones estatales para resolver un asunto de índole personal. La cercanía de Sarabia al presidente Petro, quien la reintegró posteriormente como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), añade una capa de complejidad política al proceso.

La imputación abre un camino hacia un eventual juicio oral, donde se ventilarán las pruebas y argumentos de ambas partes. La contundencia de las pruebas que presente la Fiscalía y la estrategia de defensa de Sarabia determinarán el desenlace de un caso que ha expuesto las vulnerabilidades institucionales y los riesgos de la concentración de poder en los círculos más cercanos a la presidencia en Colombia.