Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra Evo Morales por terrorismo

La Fiscalía de Bolivia ha reactivado las tensiones políticas en el país andino al emitir una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019). Los cargos imputados incluyen terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y otros delitos, relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras que sacudieron la nación entre mayo y junio. La medida ha sido confirmada por fuentes cercanas al exmandatario y profundiza la crisis política en Bolivia, que arrastra conflictos desde la salida de Morales del poder en 2019.

Detalles de la Acusación y el Orden de Captura

La orden judicial, emanada directamente del fiscal Brayan Melgar, señala a Morales por una serie de delitos graves. Además de terrorismo y alzamiento armado, se le acusa de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Esta extensa lista de cargos subraya la seriedad con la que las autoridades bolivianas están abordando la presunta implicación del expresidente en los recientes disturbios.

Contexto de las Protestas y sus Consecuencias

Las movilizaciones que motivaron esta investigación ocurrieron durante siete semanas, entre mayo y junio, cuando campesinos de La Paz y la influyente Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras a nivel nacional. El objetivo principal de estas protestas, que contaron con el respaldo de grupos afines a Morales, era la exigencia de la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz. Estos bloqueos tuvieron repercusiones severas en la vida cotidiana de los bolivianos:

Desabastecimiento crítico de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.
Al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 perdieron la vida por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los cortes de vías.
Pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares, según estimaciones preliminares.

Origen de la Denuncia y Otros Implicados

La denuncia formal que desencadenó esta orden de captura fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el principal motor económico de Bolivia. Posteriormente, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se sumó a la acción legal. La investigación no se limita únicamente a Evo Morales; también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar. Este último ya se encuentra bajo detención preventiva desde el 6 de julio, implicado en otra investigación relacionada con los mismos hechos.

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La Postura de Evo Morales

Desde el inicio de las movilizaciones, Evo Morales ha negado rotundamente haber promovido la renuncia del presidente Paz. El expresidente sostiene que las protestas buscaban una respuesta del Gobierno a las demandas de los sectores movilizados. No obstante, una publicación suya del 24 de mayo en la red social X (anteriormente Twitter) indicaba que el mandatario tenía solo «dos caminos» ante los conflictos: «militarizar» el país o convocar a elecciones en los próximos 90 días. Esta declaración ha sido interpretada por sus opositores como una clara incitación a la desestabilización.

Despliegue del Estado de Excepción y Antecedentes Legales

Después de semanas de negociaciones y de lograr acuerdos con algunos sectores como la COB, el presidente Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción, una medida destinada a levantar los bloqueos y restablecer el orden. La Policía y el Ejército fueron desplegados de inmediato en las carreteras con el fin de retirar los obstáculos y permitir la normalización del tránsito.

Esta no es la primera vez que Evo Morales enfrenta una orden de captura. Desde octubre de 2024, el expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde es custodiado por centenares de sus seguidores. Esta presencia defensiva busca precisamente evitar la ejecución de una orden de captura anterior, relacionada con una investigación por trata agravada de personas. En ese caso, Morales está acusado de una presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, durante su presidencia. En mayo, un tribunal de la región de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de captura por no presentarse al inicio del juicio, aunque la Policía aún no ha actuado, argumentando que espera el momento adecuado para ejecutarla. Estas acusaciones, combinadas con la actual orden por terrorismo, configuran un panorama judicial complejo y políticamente cargado para el exmandatario boliviano.