Expertos: Flexibilizar porte de armas no mejora seguridad en Colombia

La reciente decisión de la Presidencia de Colombia de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas, oficializada a través del Decreto 1368 de 2026, ha reactivado una discusión recurrente en el país sobre la relación entre la disponibilidad de armamento y la seguridad ciudadana. Expertos en la materia advierten que esta medida, lejos de mejorar la situación, podría agravar los índices de violencia y criminalidad, aludiendo a evidencia regional e histórica.

Aunque el decreto mantiene los permisos, requisitos y controles, su flexibilización implica una reevaluación del robusto sistema que regula la adquisición, porte y seguimiento de armas. La preocupación central radica en la permeabilidad de la frontera entre los mercados legales e ilegales, donde armamento que inicia su ciclo de vida de forma legal, con frecuencia termina en manos de estructuras criminales debido a robos, pérdidas o filtraciones.

La Trazabilidad de Armas: Un Talón de Aquiles

Colombia cuenta con marcos regulatorios para sectores como la seguridad privada, que desde 2025 adoptó protocolos para prevenir el desvío de armas. Además, el país es signatario de compromisos internacionales como el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Sin embargo, la eficacia de esta arquitectura se ve comprometida por deficiencias operativas.

El régimen de permisos especiales ha sido objeto de cuestionamientos por discrecionalidad y presuntos actos de corrupción, como lo evidenció un debate en la Cámara de Representantes en 2025. Esto subraya la necesidad imperante de fortalecer la trazabilidad y el control de los arsenales, más allá de la mera flexibilización o restricción del porte.

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La conexión entre el mercado legal e ilegal se manifiesta en diversos escenarios. Por ejemplo, en marzo de 2025, la Policía y la Fiscalía desarticularon tres empresas de seguridad que, bajo una fachada de legalidad, vinculaban a criminales como escoltas, proveyéndoles de armas. Estos casos ejemplifican cómo las armas adquiridas legalmente pueden ser desviadas hacia circuitos criminales mediante compras por intermediarios, robos y otras modalidades.

El Mito de la Protección Individual Armada

Uno de los argumentos recurrentes a favor del porte de armas es la percepción de que estar armado equivale a estar protegido. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere lo contrario. La presencia de un arma de fuego durante una discusión o un momento de estrés incrementa la probabilidad de un desenlace violento o letal, debido a que en situaciones de amenaza prevalece la reacción impulsiva sobre la decisión racional.

Evidencia Internacional y de Género

Estudios en Estados Unidos han concluido que leyes más permisivas sobre el porte tienden a incrementar los homicidios con arma de fuego.
La misma arma que podría proteger al propietario, puede amenazar a quienes conviven con él, elevando el riesgo de violencia doméstica y suicidios.
En Brasil, un informe de Sou da Paz reveló que las armas de fuego fueron responsables del 47% de los homicidios de mujeres, y que los feminicidios cometidos con estas tenían hasta un 85% más de probabilidad de ser mortales. Este dato subraya la importancia de un enfoque de género en la discusión.
Un estudio de 2024 en Estados Unidos mostró que los hombres presentan tasas más altas de porte y violencia armada que las mujeres, a pesar de que estas últimas tienen el doble de probabilidad de riesgo de violencia armada por parte de una pareja.

La idea de que un individuo armado puede protegerse eficazmente asume que la víctima identificará el peligro, accederá a su arma y reaccionará antes que el agresor. No obstante, la evidencia reciente, como la de 2025 en Estados Unidos, no demuestra que la flexibilización del porte aumente el uso defensivo de armas; por el contrario, se han documentado incrementos en comportamientos amenazantes asociados al armamento.

Efectividad de las Restricciones en Colombia

Contrario a la idea de que las restricciones solo afectan a quienes cumplen la ley, la experiencia colombiana ha demostrado la eficacia de las regulaciones. Las prohibiciones temporales del porte implementadas en Bogotá y Cali durante los años noventa resultaron en reducciones significativas de homicidios (13% y 14%, respectivamente).

Una evaluación de las restricciones de 2012 en Bogotá y Medellín reveló una disminución del 22.3% en la mortalidad mensual asociada a armas de fuego. Estos hallazgos sirvieron de base para la política nacional de restricción iniciada en 2016, cuya revisión recomendó mantenerla, complementada con iniciativas de prevención y un control más estricto sobre los permisos especiales.

Regulación y sus Consecuencias

En 2026, estudios en Estados Unidos evidenciaron que el delito violento aumentó en los 12 meses posteriores a la expedición de leyes de porte sin permiso.
Otra investigación encontró que la licencia para porte oculto sí contribuyó a reducir los suicidios con arma de fuego.

La frustración ciudadana ante la inseguridad es legítima, pero no puede derivar en la delegación de la protección colectiva, responsabilidad del Estado, a la capacidad individual. En Colombia, portar un arma no confiere autorización para usarla libremente; la legítima defensa exige una agresión injusta, actual o inminente, y una respuesta proporcional. Eliminar la restricción al porte de armas implica que más ciudadanos, no siempre debidamente entrenados, deberán tomar decisiones sobre el uso de fuerza letal en momentos de miedo e incertidumbre, lo que puede conducir a desenlaces desproporcionados.

Contexto del Suroccidente Colombiano: Una Realidad Compleja

El debate sobre el porte de armas en Colombia adquiere una especial relevancia en regiones como el Valle del Cauca, Cali y Popayán. Estas zonas, históricamente marcadas por la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, y una compleja dinámica social, presentan desafíos únicos para la seguridad.

La coyuntura actual de la «Paz Total» del gobierno de Petro, que busca negociaciones con diversos actores armados, ha generado un ambiente de incertidumbre en muchas regiones. En el suroccidente, la disputa territorial entre facciones residuales de las FARC, grupos paramilitares y bandas de crimen organizado, ha recrudecido la violencia en algunos municipios.

En este escenario, la flexibilización del porte de armas, lejos de empoderar al ciudadano, podría exacerbar la espiral de violencia, dotando de mayor capacidad de fuego a todos los actores y dificultando aún más el control estatal. La presencia de armas de fuego en manos de civiles, sin un control exhaustivo y eficaz, podría desestabilizar aún más un territorio ya fragmentado y en conflicto.

La experiencia ha demostrado que en estas regiones, la proliferación de armas facilita la comisión de delitos, el cobro de extorsiones y el control social por parte de actores ilegales. Por lo tanto, cualquier política relacionada con el porte de armas debe considerar la profunda y delicada realidad de estas zonas, donde la seguridad no se resuelve con la mera disponibilidad de armamento, sino con una presencia estatal integral que garantice justicia, inversión social y un monopolio legítimo de la fuerza.