La polémica sobre el presunto fraude electoral en Colombia toma un giro inesperado. Un documento clave, base de las denuncias del presidente Gustavo Petro, ha sido certificado como original de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta revelación, que surge de la metadata del archivo, añade una capa de complejidad a una controversia que sacude los cimientos de la confianza en los procesos electorales del país y genera interrogantes sobre la transparencia y la manipulación de datos.

Origen y autenticidad del documento “Evidencia Mesas”

El documento en cuestión, denominado «Evidencia Mesas», ha sido el pilar de las acusaciones de presunto fraude electoral de la Presidencia de la República. Daniel Coronell, investigando para Caracol Radio, reveló que la metadata de este archivo confirma su procedencia de la División Político Electoral (Divipol) de la Registraduría. Esta dependencia es crucial, ya que es la encargada de la codificación y georreferenciación de los puestos y mesas de votación en todo el territorio nacional. La autenticidad fue confirmada por fuentes dentro de la propia Registraduría, quienes verificaron que el documento corresponde al desglose del Censo Nacional Electoral cerrado el 30 de abril. Esta información subraya la seriedad de la denuncia presidencial, al contar con un soporte técnico y oficial, desmintiendo la posible fabricación o manipulación externa del archivo original utilizado.

Las 5.300 mesas «atípicas» y la anomalía del censo

El presidente Petro utilizó este documento para respaldar su denuncia sobre 5.300 mesas de votación atípicas. En estas mesas, según el análisis, se habría registrado una afluencia de votantes superior a la capacidad física esperada, un hecho que, a su juicio, podría explicar ventajas electorales anómalas. Un ejemplo citado es la supuesta ventaja del candidato Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda. La controversia se profundiza con la denuncia de Petro sobre una presunta modificación en el censo oficial. Según el mandatario, la cifra de 41.421.973 ciudadanos inscritos inicialmente fue supuestamente alterada en el software de los hermanos Bautista a 42.307.373, añadiendo 885.409 cédulas que no se habrían inscrito en la fecha legal establecida. La Registraduría, por su parte, ha mantenido su postura, afirmando que no hubo alteración y que la cifra oficial siempre fue la publicada en su sitio web, insistiendo en la transparencia de su información.

El rastro de la modificación y las preguntas sin respuesta

La metadata del archivo «Evidencia Mesas» también ha arrojado luz sobre una modificación importante. Se estableció que el archivo fue alterado el 26 de mayo, a la 1:21:35 p.m., apenas cinco días antes de las elecciones. La verificación de esa modificación se realizó ese mismo día a las 7:51:13 p.m. Sin embargo, pese a la precisión de las fechas y horas, persiste una incógnita crucial: ¿quién realizó este cambio? La ruta de origen de la modificación apunta a un usuario denominado «BASICOSAUDITORESPRESIDENTE2026V3″. Este nombre de usuario atípico ha generado especulaciones, pues podría indicar tanto un perfil interno de la Registraduría con un propósito específico, como un actor externo con acceso a los sistemas. Esta ambigüedad complejiza la investigación y levanta sospechas sobre posibles infiltraciones o manipulaciones internas en el proceso electoral.

Contexto y antecedentes de la controversia electoral

Las denuncias de Petro no surgen en un vacío. Colombia ha tenido un historial de debates y controversias en torno a sus procesos electorales, especialmente en lo que respecta a la gestión del censo y el escrutinio. La confianza en la Registraduría ha sido un tema recurrente en el discurso público, con diversas voces solicitando una mayor auditoría y transparencia. La insistencia del presidente en que el escrutinio debe verificar si los votantes están realmente inscritos en el censo oficial cerrado dos meses antes de las elecciones, reactiva una preocupación histórica en el país: la posibilidad de que personas no habilitadas o registros duplicados afecten los resultados. Este episodio, entonces, se inscribe en un contexto de búsqueda constante de garantías electorales y en la necesidad de fortalecer la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la democracia.

Implicaciones y expectativas futuras

La confirmación de la autenticidad del documento base de las denuncias de fraude otorgada por la propia Registraduría, lejos de zanjar el debate, lo intensifica. Ahora el foco se traslada a la investigación de las 5.300 mesas atípicas y, crucialmente, a la identificación del responsable de la modificación del archivo el 26 de mayo. Las posibles implicaciones de este hallazgo son significativas, pudiendo llevar a una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad informática de la Registraduría y a una mayor auditoría de los datos electorales. Este caso podría sentar un precedente importante en la jurisprudencia electoral colombiana y exigir una mayor rendición de cuentas a las entidades involucradas. La ciudadanía, a su vez, espera respuestas claras y contundentes para restablecer la confianza en uno de los pilares fundamentales de la democracia: la integridad del voto.