En los últimos días se acumulan señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro y su gestión, provenientes del Gobierno de Abelardo De La Espriella y de antiguos funcionarios del petrismo. Ninguno ha sido probado judicialmente.
El director del Dapre, Carlos Ríos, afirmó ante el Congreso que 48 mujeres habrían sido “instrumentalizadas” con contratos OPS en la Casa de Nariño. Semana publicó además el testimonio de Deicy Jiménez, quien asegura haber recibido contratos a cambio de relaciones con Petro y de transportarle droga.
La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez denunció ante la Fiscalía maltratos, presiones y una supuesta amenaza. Eva Ferrer, exasesora de la exprimera dama Verónica Alcocer, habló de una presunta red de dinero y drogas; la Procuraduría la citó a declarar el 13 de octubre. La Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones por el “Pacto de Valledupar”, un supuesto plan para que exparamilitares declararan contra De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras, aclarando que esto no prueba responsabilidad.
Petro lo rechaza: dice que no hay “ni una sola prueba”, y sus abogados denunciaron a Rodríguez por injuria y calumnia.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →El contexto político pesa. En marzo, siendo precandidato, De La Espriella dijo que, de llegar a la Presidencia, haría responder a Petro y lo entregaría a la justicia de Estados Unidos. Petro lo llamó defensor del paramilitarismo y, en junio, afirmó que lo había amenazado con la cárcel.
Hoy los casos están en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones.
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