El Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó a los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, tras permanecer 18 meses privados de la libertad en el departamento de Arauca.
La entrega se concretó este jueves durante el despliegue de una comisión humanitaria integrada por delegados de la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU en Colombia, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Concluido el operativo, se dispuso que ambos servidores sean sometidos a chequeos médicos para verificar su estado físico.
Detalles del cautiverio y las pruebas de supervivencia
Los dos agentes, adscritos a la Dirección de Protección y Asistencia (DPA) del ente acusador, cayeron en poder del grupo insurgente el 8 de mayo de 2025 mientras se desplazaban por la carretera que comunica a los municipios de Fortul y Arauquita.
Durante el prolongado rapto, el 12 de julio de 2026 se difundió una grabación audiovisual en la cual los funcionarios solicitaban un canje humanitario con el fin de recobrar su libertad. Con posterioridad, la estructura armada informó que sometería a los dos retenidos a un denominado juicio revolucionario.
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Frente a las acciones del grupo insurgente, la Defensoría del Pueblo rechazó los procedimientos del ELN e indicó que ninguna organización armada al margen de la ley cuenta con facultades para ejercer justicia ni dictar sanciones.
A través de sus canales oficiales, el organismo humanitario señaló:
“Su liberación es un alivio que da la posibilidad de reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de secuestro. En un encuentro previo con sus familiares, conocimos de primera mano la angustia y la incertidumbre que han vivido durante este tiempo”.
Asimismo, la entidad enfatizó respecto a la pretendida sanción guerrillera:
“Aunque los funcionarios fueron liberados antes de que se cumpliera la supuesta condena impuesta por el ELN, reiteramos que no estaban cumpliendo una pena legítima, sino que permanecían secuestrados. Su liberación no constituye una concesión del grupo armado, sino el cumplimiento de una obligación que nunca debió ser desconocida”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo demandó tanto al ELN como a las demás organizaciones armadas la entrega inmediata de la totalidad de las personas que mantienen en cautiverio.
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