Una orden directa para revocar sin demora las asignaciones salariales del Fondo Milagro fue emitida por De La Espriella, luego de revelarse los montos asignados al personal de la entidad creada a raíz del sismo ocurrido el 10 de agosto.

Frente a la controversia, el mandatario sostuvo que no aceptará determinaciones que vayan en contra de sus mandatos en una tarea enfocada en subsanar los daños provocados por el movimiento telúrico. Asimismo, manifestó que dentro de su administración el personal permanece bajo constante evaluación, señalando: «Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones».

Los detalles de la nómina cuestionada

La polémica surgió a partir de los datos expuestos por una senadora del Pacto Histórico, quien advirtió que el gasto operativo mensual de la entidad representaba aproximadamente $765 millones. Para el 9 de noviembre figuraban 27 colaboradores vinculados, la mayoría con remuneraciones por encima de los $30 millones.

Entre los montos señalados sobresalen:

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  • Jaime Andrés Uribe (gerente): una asignación mensual de $39.441.454.
  • Secretario privado y director jurídico: $36 millones mensuales para cada uno.
  • Planta directiva: 20 de los 27 puestos superaban los $30 millones.

Sumado a estos valores, la acusación cuestionó la gestión de la entidad, señalando que únicamente se habían formalizado dos contratos pese al costo que representaba la nómina.

Defensa de la gestión y balance presupuestal

Pese a la revocatoria de los salarios, De La Espriella respaldó el desempeño del Fondo Milagro, asegurando que el organismo avanza en labores de demolición, entrega de subsidios y asignación de soluciones habitacionales.

Por su parte, en una rendición de cuentas ante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento, el gerente Jaime Andrés Uribe Tamayo indicó que los procesos contractuales para derribar estructuras averiadas en Cali y Pereira alcanzan un valor de $7.440 millones.

De igual forma, el informe oficial expone la viabilidad financiera del proyecto:

  • El Consejo Directivo avaló una partida tope de $624.656 millones destinada al Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias.
  • Dicho capital proviene de un crédito por 200 millones de dólares gestionado con el Banco Mundial bajo el registro BIRF 9774-CO.
  • El dinero fue integrado al Presupuesto General de la Nación mediante el Decreto Legislativo 1412 de 2026.

Finalmente, la gerencia de la entidad puntualizó que, al redactarse su reporte de actividades, no se habían recibido transferencias por donaciones, ayudas de carácter nacional o internacional, ni aportes procedentes de entidades territoriales o del sector privado.

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