ELN destruye subestación policial en Guamalito tras retiro de la fuerza pública

Guamalito, un corregimiento estratégico en El Carmen, Norte de Santander, se encuentra sumido en una profunda crisis de seguridad tras la evacuación de 21 policías y la posterior incursión de presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El vacío institucional ha dejado a cerca de 3.000 habitantes a merced de grupos armados, evidenciando una preocupante fractura en la política de control territorial del gobierno de Abelardo De la Espriella.

Retirada policial expone a la comunidad

La subestación de Policía de Guamalito había soportado intensos ataques los días 4 y 7 de septiembre. Mediante el uso de drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil, las instalaciones sufrieron daños severos, al punto de volverse inhabitables y dejar a tres uniformados heridos. Ante esta situación, el Departamento de Policía de Norte de Santander tomó la decisión de evacuar a los 21 agentes restantes durante la madrugada del 9 de septiembre, dejando al corregimiento sin protección permanente.

Horas después de la retirada policial, lo que era un temor latente se materializó: presuntos integrantes del ELN ingresaron al corregimiento. Testimonios de la comunidad indican que los armados saquearon la ya devastada subestación y establecimientos comerciales, incrementando el pánico entre los residentes. Algunos habitantes, aterrados por los hechos, ya consideran abandonar Guamalito.

Alerta del alcalde José Reinel Contreras

José Reinel Contreras, alcalde de El Carmen, municipio al que pertenece Guamalito, no ocultó su preocupación y desacuerdo con la evacuación policial. Aunque reconoció la precariedad de las condiciones (sin seguridad mínima, agua ni energía) para mantener a los uniformados, insistió en que la administración municipal no avalaba dejar el corregimiento desprotegido. «No estamos de acuerdo en que la Policía se haya retirado», afirmó Contreras, subrayando la gravedad de la situación.

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El mandatario local ha advertido que Guamalito, con sus aproximadamente 3.000 habitantes (cifra superior a la de la cabecera municipal de El Carmen), es un corredor estratégico vital entre la región del Catatumbo y el departamento de Cesar. Esta ubicación lo convierte en un punto neurálgico para el tránsito de economías ilegales, una realidad que se agudiza dramáticamente con la ausencia de la fuerza pública.

Contexto del Catatumbo: una región históricamente convulsa

La situación en Guamalito no es un hecho aislado, sino un reflejo de la compleja realidad que caracteriza al Catatumbo, una de las zonas más violentas y disputadas de Colombia. Ubicada en la frontera con Venezuela, esta región ha sido históricamente un epicentro de cultivos ilícitos, extracción ilegal de minerales y corredor estratégico para el narcotráfico. La presencia de múltiples grupos armados ilegales —como el ELN, disidencias de las FARC y bandas criminales— que compiten por el control territorial y las rentas ilegales, genera una constante zozobra para sus habitantes. La debilidad histórica de la presencia estatal y la dificultad de acceso han permitido que estos actores armados establezcan un control de facto sobre vastas áreas, ejerciendo violencia y coerción sobre la población civil. Este contexto de alta complejidad agrava cualquier vacío de autoridad, como el ocurrido en Guamalito, convirtiéndolo en un polvorín de inestabilidad y confrontación.

Interrogantes sobre la estrategia de seguridad nacional

Los hechos en Guamalito representan un desafío directo a la promesa del gobierno de Abelardo De la Espriella de recuperar el control territorial y combatir con firmeza a las organizaciones armadas. La secuencia de eventos —ataques del ELN, evacuación policial sin reemplazo militar inmediato y posterior incursión guerrillera— es precisamente lo que las comunidades vulnerables temen. El alcalde Contreras ha manifestado su deseo de hablar directamente con el presidente De la Espriella para explicar la dimensión de lo ocurrido y pedir una respuesta institucional contundente.

El mandatario municipal también ha revelado que El Carmen ha registrado alrededor de 20 incidentes violentos en el presente año, una estadística alarmante que lo llevó incluso a evacuar a su propia familia del municipio por razones de seguridad. La incapacidad de uno de sus escoltas policiales para ingresar al territorio de forma regular es una muestra dramática del nivel de vulnerabilidad institucional.

Si bien la evacuación de los uniformados puede justificarse como una medida para evitar una tragedia, la ausencia de una estrategia de reemplazo inmediata y efectiva plantea serios interrogantes. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ya había alertado sobre los ataques y la necesidad de garantizar la seguridad en el Catatumbo. El caso de Guamalito ahora intensifica esa exigencia, demostrando que la protección de la población civil debe ir más allá de la retirada táctica, requiriendo una presencia estatal robusta y sostenible.

Guamalito se ha convertido en una prueba incómoda para la política de seguridad del gobierno actual. La responsabilidad estatal no culmina con el despegue de un helicóptero. Es imperativo que las autoridades expliquen cómo se evitará que el ELN capitalice este vacío de poder para consolidar su control armado en una zona de por sí históricamente vulnerable.