WASHINGTON D.C. – Un devastador terremoto ha golpeado a Venezuela, cobrando al menos 589 vidas y dejando a casi 3.000 heridos, según los informes iniciales. En respuesta a esta catástrofe, la administración estadounidense, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, ha anunciado una movilización extraordinaria de ayuda, suspendiendo parcialmente sanciones y ofreciendo cerca de 150 millones de dólares en asistencia. Esta acción, que incluye el despliegue de barcos y aviones del Comando Sur, está siendo interpretada por analistas como una prueba de la controvertida ‘Doctrina Donroe’, que redefine la política exterior de Washington hacia América Latina.

La celeridad y magnitud de la respuesta estadounidense contrastan marcadamente con intervenciones previas en desastres naturales, lo que ha levantado interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta iniciativa. Si bien la necesidad humanitaria es innegable dada la escala del desastre, la administración Trump, que mantiene a Venezuela bajo una especie de tutela desde la captura de Nicolás Maduro en enero, parece estar utilizando este escenario para consolidar su influencia en la región, según expertos en política exterior.

La ‘Doctrina Donroe’ en el epicentro sísmico

La llamada ‘Doctrina Donroe’, una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe del siglo XIX, posiciona a América Latina como una esfera de influencia prioritaria para Estados Unidos. Esta política, impulsada por Trump, promete retribuciones significativas para gobiernos y figuras aliadas, mientras que advierte de intervenciones más duras para adversarios. En este contexto, Venezuela se ha convertido en un caso de estudio crucial para la administración, presentada como un ejemplo de éxito de su política intervencionista en el segundo mandato.

La Habana, en el panorama actual, aunque alejada geográficamente del epicentro sísmico, no es un actor menor en esta dinámica regional. La injerencia histórica de Estados Unidos en América Latina, a menudo justificada bajo diferentes doctrinas, ha tenido repercusiones directas en la estabilidad política y económica de países como Cuba, reforzando la idea de que cualquier movimiento regional de gran envergadura por parte de Washington suele llevar implícitos intereses geopolíticos complejos.

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump prometió asistencia "abundante e inmediata" horas después del primer temblor. El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó este mensaje, asegurando una respuesta "grande, rápida y efectiva". El Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento del Tesoro han detallado una serie de recursos:

  • Asistencia Económica: 100 millones de dólares para la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones para organizaciones en el terreno como World Vision, Samaritan’s Purse y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
  • Equipos de Respuesta: Movilización de un equipo de respuesta rápida para desastres (DART) y dos brigadas de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California).
  • Apoyo Militar: El Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en América Latina, ha movilizado un buque de transporte anfibio, un buque de combate, aviones de transporte, plataformas de reconocimiento y helicópteros.

Suspensión de sanciones y el dilema humanitario

Un punto crítico en la respuesta ha sido la suspensión temporal de algunas sanciones estadounidenses contra Venezuela hasta el 23 de octubre. Esta medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, permite a Caracas realizar pagos y operaciones financieras directamente relacionadas con las misiones de socorro. Sin esta licencia general, el gobierno venezolano, liderado por Delcy Rodríguez (a quien Estados Unidos reconoce como presidenta de facto), estaría impedido de completar muchas de estas transacciones.

Esta decisión llega en un momento de llamados internacionales, incluyendo al expresidente de Colombia, Gustavo Petro, para que Washington levante sus sanciones ante la magnitud de la tragedia. Sin embargo, el Tesoro ha recalcado que la licencia no implica la descongelación de bienes sujetos a sanciones ni se aplica a otras actividades prohibidas por las medidas punitivas impuestas al chavismo. Aunque Estados Unidos ha otorgado permisos para la explotación y comercialización del petróleo venezolano, manteniendo una supervisión estricta de este motor económico.

Contexto histórico y político en la región

La intervención estadounidense en Venezuela no puede desligarse del contexto histórico de las relaciones de Washington con Latinoamérica. Desde la Doctrina Monroe en el siglo XIX, que declaraba al continente americano fuera de la colonización europea y sentó las bases para la injerencia estadounidense, hasta las políticas de "Patio Trasero" del siglo XX, la región ha sido vista por Estados Unidos como una zona de influencia prioritaria. En Colombia, particularmente en regiones como el Valle del Cauca y Nariño, la memoria colectiva evoca periodos de fuerte dependencia económica y política de Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. La ayuda militar y social ha sido una constante, pero siempre bajo el prisma de los intereses estratégicos de Washington.

En el suroccidente colombiano, por ejemplo, la presencia de organismos y fundaciones patrocinadas por Estados Unidos ha sido históricamente significativa, orientada a proyectos de desarrollo alternativo o seguridad. Esta coyuntura actual con Venezuela reafirma una tendencia: la ayuda humanitaria, si bien esencial en sí misma, a menudo se entrelaza con objetivos de política exterior, aprovechando las crisis para reconfigurar alianzas o presionar cambios políticos en países considerados estratégicos. La "Doctrina Donroe" parece actualizar esta tradición, haciendo de la ayuda una herramienta clave en un tablero geopolítico más amplio.

Contrastes y cuestionamientos

La rapidez y la cuantía de la ayuda a Venezuela contrastan notablemente con la respuesta de Estados Unidos a otros desastres. En marzo del año pasado, un terremoto de magnitud 7.7 en Myanmar, un país empobrecido del sudeste asiático, recibió una promesa de apenas nueve millones de dólares. De manera similar, la respuesta al huracán Melissa en el Caribe en 2025 ascendió a 37 millones de dólares, apenas una cuarta parte de lo destinado a Venezuela.

Sam Vigersky, analista del Council of Foreign Relations y excoordinador de equipos de respuesta a desastres en Usaid (agencia desmantelada por la administración Trump), señala que "la escala de este desastre es equivalente al terremoto en el sur de Haití de 2021, o de Turquía y Siria en 2023". Vigersky subraya la importancia de esta operación para la administración Trump, dado el desmantelamiento de Usaid y la focalización de la "Doctrina Donroe" en el hemisferio occidental.

En una coincidencia que ha generado controversia, la masiva ayuda humanitaria se anuncia el mismo día en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor de la administración Trump, permitiendo la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) a inmigrantes sirios, haitianos y, potencialmente, venezolanos, nicaragüenses y hondureños. Esto podría resultar en la deportación de miles de personas de países gravemente afectados por conflictos o desastres, incluyendo algunos que ahora son objeto de ayuda humanitaria.