Desarticulan red de extorsión carcelaria que movió $4.900 millones

La Fiscalía General de la Nación ha desmantelado una sofisticada red de estafa y extorsión que operaba desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota en Bogotá. La investigación culminó con la judicialización de tres personas, identificadas como la esposa, el hijo y la hijastra de Fabián Viracachá Ballén, alias «El Don» o «Pluma», señalado como el cabecilla de esta organización delictiva. Se estima que la red movilizó más de 4.900 millones de pesos a través de 631.000 operaciones financieras ilícitas.

Modus Operandi: La Sofisticación del Engaño Carcelario

El esquema delictivo, que se extendía a diversas regiones de Colombia, se basaba en el uso clandestino de teléfonos celulares dentro del penal, burlando los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Los reclusos, con acceso a servicios de datos y aplicaciones financieras, empleaban dos modalidades principales para defraudar a sus víctimas:

Llamadas Masivas y Falsas Promesas: La primera técnica consistía en realizar llamadas telefónicas masivas a ciudadanos, con el objetivo de engañarlos mediante falsas promesas o amenazas, induciéndolos a realizar transferencias de dinero.
Perfiles Falsos y Chantaje Sexual: Una segunda modalidad implicaba la creación de perfiles falsos de mujeres en plataformas como WhatsApp. A través de estos perfiles, contactaban a personas para ofrecerles supuestos servicios sexuales. Una vez que las víctimas enviaban fotografías íntimas, la red las utilizaba para realizar montajes y acusaciones falsas relacionadas con delitos sexuales. Bajo la amenaza de divulgar este material comprometedor, exigían transferencias de dinero. La Fiscalía ha detallado que, tras obtener un primer pago, las amenazas se intensificaban para presionar nuevas transacciones.

El Cabecilla y la Red de Lavado de Activos

Fabián Viracachá Ballén, exintegrante de las Farc, cumple actualmente una condena de 38 años por el homicidio de un miembro de la Policía Nacional y otros delitos. Desde su reclusión en La Picota, se le atribuye la dirección de esta estructura criminal. La investigación reveló que el dinero producto de las extorsiones era recibido en billeteras digitales y cuentas de terceros para luego ser retirado en efectivo. Este capital ilícito se destinaba a la adquisición de bienes, como seis inmuebles y cuatro vehículos registrados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá (Cundinamarca) y Restrepo (Meta).

Una parte del dinero, mediante consignaciones de bajo monto, retornaba directamente a Viracachá Ballén. Este flujo de efectivo le permitía mantener el control dentro del establecimiento penitenciario, facilitando presuntamente el ingreso y la comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos, consolidando así su influencia dentro del penal.

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Capturas e Imputaciones: El Cerco Judicial se Cierra

Con el acopio de material probatorio, la Fiscalía notificó a Viracachá Ballén del nuevo proceso en su contra. De manera simultánea, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, llevaron a cabo las capturas de sus familiares implicados: Bibiana Paola Montañez Rozo (esposa), Helim Yareyth Clavijo Montañez (hijastra) y Michael Stiven Viracachá Pérez (hijo).

Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales presentó a los capturados ante un juez de control de garantías en Bogotá. Según su presunta participación en los hechos, les fueron imputados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. A los tres procesados se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que significa que deberán enfrentar el proceso judicial privados de su libertad.

Contexto: La Perpetuación del Crimen Organizado Tras las Rejas

El desmantelamiento de esta red en La Picota no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática recurrente en el sistema penitenciario colombiano. La operación de redes de extorsión desde las cárceles ha sido una constante preocupación para las autoridades, evidenciando fallas estructurales en los sistemas de control y vigilancia del INPEC. A pesar de los esfuerzos por implementar bloqueadores de señal y requisas, la capacidad de los internos para acceder a tecnología y operar redes criminales complejas persiste.

Este fenómeno impacta directamente la seguridad ciudadana y la credibilidad en el sistema de justicia, pues la reclusión no siempre se traduce en el cese de las actividades delictivas. La infiltración de elementos prohibidos, la corrupción y la dificultad de monitorear todas las comunicaciones dentro de centros penitenciarios masificados, como La Picota, una de las cárceles más grandes y complejas del país, facilitan la continuidad de estas estructuras criminales, que a menudo se nutren de la desesperación económica de los familiares de los reclusos para involucrarlos en sus operaciones ilícitas.