Una acción legal radicada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) puso bajo la lupa a la firma encuestadora Cifras & Conceptos y a su gerente general, César Caballero. La acusación, formulada por el abogado constitucionalista Germán Calderón España, apunta a una presunta vulneración de la Ley 2494 de 2025 tras la difusión de apreciaciones vinculadas con los primeros 100 días de mandato del presidente Abelardo De La Espriella.
Los motivos detrás del reclamo jurídico
El origen del recurso administrativo se remonta a una intervención pública de Caballero en la emisora Caracol Radio. De acuerdo con los argumentos del denunciante, el directivo compartió deducciones del sondeo de opinión pese a haber admitido previamente que enfrentaba limitaciones normativas que le impedían difundir los porcentajes del estudio.
Para Calderón España, esta conducta evidenciaría una incoherencia orientada a evadir los controles fijados en el marco legal vigente. El jurista sostuvo: “Si una firma reconoce que tiene restricciones legales para publicar una encuesta, no puede pretender esquivarlas divulgando sus resultados a través de entrevistas. Las normas no son opcionales y deben cumplirse sin excepciones”.
Peticiones concretas ante la autoridad electoral
La denuncia formal solicita que el tribunal electoral evalúe minuciosamente diversos aspectos técnicos del sondeo antes de definir si corresponde imponer castigos económicos o administrativos. Las exigencias contemplan:
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- Comprobar la representatividad estadística del grupo muestral consultado.
- Garantizar la transparencia global del proceso de recolección y entrega de conclusiones.
- Sancionar a los responsables en caso de corroborarse la transgresión de las reglas electorales.
El demandante enfatizó que la acción no pretende juzgar si los datos benefician o afectan la imagen de la administración nacional, sino salvaguardar el ordenamiento: “No se trata de cuestionar si una encuesta favorece o perjudica al Gobierno. Se trata de exigir transparencia y respeto por la ley”.
El contexto regulatorio del sector demoscópico
Esta disputa jurídica coincide con un escenario de tensiones en torno a la aplicación de la normativa para firmas de medición en Colombia. Previamente, en mayo de 2026, el propio Consejo Nacional Electoral catalogó como restrictiva la ley reguladora y comunicó que evaluaría eventuales reformas frente a los obstáculos manifestados por diversos centros de investigación.
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