Bogotá, Colombia – La defensa legal de los propietarios de la cadena de ropa íntima Lili Pink ha elevado una grave denuncia contra la Fiscalía General de la Nación, acusándola de presunto incumplimiento en los procedimientos de incautación de bienes y de ejercer una medida de “retaliación”. Esta afirmación se produce en el contexto de una investigación de gran envergadura por contrabando y lavado de activos que ha puesto en el ojo del huracán a Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi, señalados como los presuntos líderes de una red transnacional.

Según los abogados de la marca, el ente acusador habría extendido las incautaciones a bienes y mercancías que, aseguran, no guardan relación directa con la operación comercial de Lili Pink ni con los delitos investigados. Esta denuncia añade una capa de complejidad al ya delicado caso, planteando interrogantes sobre la idoneidad de las acciones judiciales.

La Operación Fiscalía-CTI: Un Golpe al Contrabando

La controversia se enmarca en un megaoperativo judicial ejecutado por la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que incluyó la materialización de nueve órdenes de captura y la incautación de 440 bienes en diversas ciudades de Colombia. La investigación se centra en Max Marvin Abadi y David Abadi, a quienes se les atribuye liderar una compleja estructura de contrabando y lavado de activos con conexiones internacionales, abarcando países como Panamá y Bahamas.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía son contundentes y detalladas, incluyendo evidencia documental, interceptaciones telefónicas y un exhaustivo rastreo de transacciones bancarias tanto en Colombia como en el extranjero. El ente acusador sostiene haber descubierto un entramado de empresas ficticias, transacciones por un valor superior a los $760.000 millones de pesos a través de representantes legales simulados, y operaciones que involucran a empleados y familiares. Todo esto, según la Fiscalía, con el propósito de ocultar el origen ilícito de cerca de $434.000 millones de pesos, sumados al patrimonio del grupo Abadi.

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Crecimiento Acelerado bajo Sospecha

Lili Pink, en poco más de una década, experimentó un crecimiento vertiginoso, pasando de ser una empresa emergente en el sector de ropa íntima a consolidarse entre las 600 compañías con mayores ventas en Colombia. Este ascenso, especialmente notable desde 2014 con su expansión nacional e internacional a nueve países de América Latina, ahora se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades.

Fast Moda S.A.S., la firma matriz de Lili Pink, declaró ventas por $518.000 millones de pesos en 2024, según datos proporcionados por Aura Liliana Trujillo, fiscal delegada para las Finanzas Criminales. Es precisamente este rápido y abultado crecimiento el que ha generado sospechas y ha sido un punto central en la investigación por lavado de activos y contrabando.

Mecanismos de la Presunta Red Criminal

El expediente judicial detalla la presunta operación de la red empresarial de Lili Pink, revelando la creación de empresas de papel, muchas de las cuales estaban a nombre de empleados y familiares de los Abadi. Un ejemplo de esto es el caso de un conductor, Jonnathan Villamil Soler, quien figura como representante legal de una de las empresas proveedoras, encargada de trasladar mercancía etiquetada como de origen colombiano, pero que en realidad procedía de China.

Asimismo, la Fiscalía ha identificado a tesoreros y ejecutivos de talento humano que aparecían en los registros de las compañías involucradas, como Pink Life S.A.S., una entidad con activos por $280.000 millones de pesos que compartía representantes legales con otras sociedades del conglomerado. Este esquema buscaba, presuntamente, dar una fachada de legalidad a las operaciones ilícitas.

Contexto Nacional: Contrabando y Lavado de Activos en Colombia

La investigación contra Lili Pink se inscribe en un panorama donde el contrabando y el lavado de activos representan desafíos persistentes para la economía y la seguridad de Colombia. El país, debido a su posición geográfica y a la complejidad de su economía, es un corredor estratégico y un objetivo frecuente para redes que buscan blanquear capitales ilícitos provenientes de diversas actividades criminales, incluyendo el narcotráfico, la corrupción y el tráfico de mercancías. Los sectores textil y de importación, en particular, han sido históricamente vulnerables a estas prácticas, que distorsionan el mercado, afectan la industria nacional y erosionan las finanzas públicas. La lucha contra estas redes no solo implica la persecución de los delitos, sino también el desmantelamiento de las estructuras financieras que permiten su operación, una tarea compleja que requiere la coordinación de diversas entidades y que, en ocasiones, puede generar fricciones o cuestionamientos sobre los procedimientos, como el caso actual de Lili Pink.

Mientras la Fiscalía avanza con las imputaciones y la recolección de pruebas, la defensa legal de Lili Pink ha prometido demostrar que las acciones judiciales excedieron los límites, abriendo así un nuevo flanco en una investigación que ya prometía ser una de las más relevantes en la lucha contra el contrabando y el lavado de activos en el país.

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