Congresista denuncia penalmente a Dilian Toro por muertes en Calima-Darién

El panorama político y judicial del Valle del Cauca se intensifica tras la denuncia penal presentada por el congresista Alfredo Mondragón contra la gobernadora Dilian Francisca Toro. La acción legal se fundamenta en la presunta responsabilidad de la mandataria en el fallecimiento de cuatro menores de edad, ocurrido el pasado 10 de agosto, a raíz del colapso del colegio María Inmaculada en Calima-Darién, durante un sismo. Mondragón sostiene que la Gobernación conocía el deterioro de la institución desde 2022 y omitió ejecutar obras de reforzamiento estructural que hubieran prevenido la tragedia.

Acusaciones de negligencia y posición de garante

Según el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, existen evidencias que apuntarían a una negligencia por parte de la administración departamental. «Acabamos de interponer esta denuncia penal contra Dilian Francisca Toro por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro niños», declaró Mondragón en un video difundido en sus redes sociales. El congresista argumenta que la Gobernación del Valle del Cauca habría tenido conocimiento de las precarias condiciones de la edificación educativa desde hace al menos dos años, sin que se realizaran las intervenciones necesarias.

El político señaló que, a pesar de los llamados de atención y las mesas técnicas que involucraron a funcionarios de la Gobernación en los años 2025 y 2026 (según la fuente, aunque es una fecha futura, lo que podría indicar un error de transcripción o una referencia a documentos proyectados), las obras de reforzamiento estructural nunca se materializaron. Mondragón enfatizó que la gobernadora Toro, en su calidad de máxima autoridad del departamento, ostentaba una «posición de garante» respecto a la seguridad de los menores. En su denuncia, el congresista también solicitó que se investigue a los funcionarios departamentales que participaron en dichas mesas técnicas y que, presuntamente, prometieron intervenciones que no se ejecutaron.

Para Mondragón, el colapso del colegio durante el terremoto es una consecuencia directa de la falta de acción oportuna. Asegura que la estructura presentaba un deterioro significativo que influyó decisivamente en el fatal desenlace y que las vidas de los cuatro estudiantes podrían haberse salvado si la institución hubiera sido reforzada adecuadamente.

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Un historial de confrontaciones políticas y judiciales

Esta denuncia se inscribe en un contexto de recurrentes enfrentamientos judiciales y políticos entre la gobernadora Dilian Francisca Toro y el congresista Alfredo Mondragón. La tensión entre ambos líderes del Valle del Cauca no es reciente y ha escalado en diversas ocasiones, llegando incluso a los estrados judiciales. Históricamente, Mondragón ha sido un crítico vehemente de la gestión de Toro, utilizando su plataforma legislativa y sus redes sociales para cuestionar decisiones y acciones de la administración departamental.

Ejemplos de esta confrontación incluyen:

Una denuncia por calumnia interpuesta por la gobernadora contra Mondragón, la cual, según el congresista, buscaba silenciar sus críticas.
Un proceso de conciliación en la Corte Suprema, donde Mondragón se negó a retractarse de sus denuncias, ratificando su intención de mantener los debates de control político.
La reiterada acusación de injuria y calumnia por parte de la gobernadora debido a señalamientos públicos realizados por el congresista.

Estos antecedentes subrayan la profunda división política existente entre ambos, donde cada nueva acusación o acción legal se convierte en un capítulo más de una prolongada disputa.

El Valle del Cauca: Riesgos sísmicos y vulnerabilidad estructural

El departamento del Valle del Cauca, y en particular la zona de Calima-Darién, se encuentra en una región con actividad sísmica importante. Colombia, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, es propensa a movimientos telúricos. Ciudades como Cali y sus alrededores, al estar cerca de fallas geológicas activas, tienen un riesgo sísmico considerable. La infraestructura, especialmente en zonas rurales o de menor desarrollo urbano, a menudo no cumple con los códigos de construcción antisísmica más rigurosos o carece de mantenimiento adecuado, lo que incrementa la vulnerabilidad de las edificaciones.

La tragedia de Calima-Darién expone una problemática recurrente en diversas regiones del país: la brecha entre la normativa de seguridad y la realidad de la infraestructura educativa. La falta de inversión o la dilación en la ejecución de proyectos de reforzamiento estructural en escuelas y colegios se traduce en un riesgo latente para la población estudiantil, que a menudo ocupa edificaciones antiguas o que no han sido adaptadas a las exigencias actuales de resistencia sísmica. Este contexto subraya la importancia de la supervisión y la ejecución rigurosa de los planes de infraestructura en zonas de alto riesgo.

El camino judicial por delante

La denuncia de Mondragón deberá ser analizada por las autoridades judiciales competentes, que determinarán si existen elementos probatorios suficientes para iniciar una investigación formal y establecer posibles responsabilidades penales. Es fundamental precisar que, hasta el momento, los señalamientos son parte de una denuncia presentada por el congresista y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad o responsabilidad contra la gobernadora Dilian Francisca Toro. El proceso legal buscará esclarecer si hubo omisión o negligencia que condujera a la fatal pérdida de vidas, y si los funcionarios señalados incurrieron en alguna falta en el ejercicio de sus funciones.