De La Espriella da ultimátum a disidencias en Tolima: 10 días para desmovilizarse

Ibagué, Tolima. En un pronunciamiento con fuerte impronta militar desde Ibagué, el presidente electo Abelardo De La Espriella ha emitido un ultimátum a las facciones disidentes de las Farc que operan en el departamento del Tolima. El plazo perentorio de diez días ha sido fijado para que los cabecillas y miembros de estas estructuras, vinculadas primordialmente a alias ‘Iván Mordisco’, se sometan a la justicia colombiana. De lo contrario, se enfrentarán a la «contundencia del Estado» a través de operativos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Advertencia directa a estructuras disidentes en Tolima

La declaración de De La Espriella no dejó lugar a ambigüedades. Durante su intervención, el mandatario electo utilizó un lenguaje directo y sin concesiones para dirigirse a los grupos armados ilegales. «Aprovechar los micrófonos de todos ustedes para hacer un aviso parroquial o un clasificado, si se quiere, para los delincuentes, bandidos, narcoterroristas y miserables que tienen azotado a este gran departamento. Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde y se van a acordar de mí», sentenció De La Espriella.

El presidente electo individualizó a los principales líderes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) con presencia en el territorio tolimense. Aunque la fuente no los nombra específicamente, autoridades de la región los identifican como los responsables directos de extorsiones a comerciantes, tráfico de drogas y alteración del orden público en diversos municipios del Tolima, afectando especialmente la economía local y la seguridad de los ciudadanos.

Medidas adicionales contra la criminalidad en prisiones

El alcance de las advertencias de De La Espriella no se limitó a las disidencias en campo. También anunció acciones contra la criminalidad organizada que persiste desde los centros penitenciarios. Señaló que delincuentes que dirigen actividades ilícitas, como la extorsión, desde el interior de las cárceles serán trasladados a prisiones de máxima seguridad. Estos traslados se efectuarán a partir del 8 de agosto, con el fin de imponer mayores restricciones y desarticular las redes criminales que operan desde prisión.

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Contexto del conflicto y la presencia estatal en el Tolima

El Tolima, ubicado estratégicamente en el centro de Colombia, ha sido históricamente un corredor fundamental para grupos armados ilegales. Su geografía montañosa y su cercanía a zonas de cultivo ilícito han facilitado la presencia de guerrillas y, tras los Acuerdos de Paz de 2016 con las Farc, de sus disidencias. Estas facciones, a menudo fragmentadas y dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, continúan representando un desafío significativo para la seguridad regional. La promesa de «mano dura» y la exigencia de sometimiento por parte del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se enmarcan en una política que busca restablecer la autoridad estatal y el control territorial en zonas históricamente afectadas por el conflicto. El Tolima, con su riqueza agrícola y potencial turístico, busca consolidar la paz y el desarrollo alejándose de las dinámicas de violencia que lo han marcado, y para ello, la seguridad es un pilar fundamental.

Compromiso presidencial y respaldo regional

De La Espriella aprovechó el escenario del «Empalme Territorial» para reafirmar su compromiso con el desarrollo del Tolima. «El Tolima tiene presidente. No tendrán que seguir haciendo filas en Bogotá para buscar soluciones. El gobierno del Tigre vendrá al territorio a resolver los problemas de esta tierra», manifestó, buscando transmitir la imagen de un gobierno cercano y eficiente en la atención a las necesidades regionales.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, respaldó las decisiones anunciadas por el presidente electo. Matiz Vargas destacó que estas medidas «representan un fortalecimiento de la estrategia de seguridad para el departamento», añadiendo que «el presidente fue contundente, o se entregan o el Estado irá tras ellos», lo que subraya la unidad de criterios entre el gobierno nacional entrante y la administración departamental en la lucha contra la criminalidad organizada.

Las próximas semanas serán cruciales para observar la respuesta de las disidencias ante este ultimátum y las acciones subsiguientes por parte del Gobierno Nacional y las autoridades militares y policiales.