La Corte Constitucional fijó una postura jurídica frente a los discursos emitidos en plataformas virtuales contra lideresas y figuras públicas. A través de la Sentencia T-348 de 2026, la corporación determinó que instrumentalizar el aspecto corporal, las características anatómicas o la vida privada para demeritar a una mujer representa una forma de violencia de género digital, incluso si la persona ejerce funciones públicas.

La providencia estuvo a cargo de la Sala Cuarta de Revisión, bajo el liderazgo del magistrado Juan Carlos Cortés González. El análisis judicial resolvió una acción de tutela instaurada por Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social del municipio de Arauca, contra Cristian Camilo Paredes Forero, creador de contenido que difundió múltiples comentarios alusivos a su anatomía, presuntas intervenciones quirúrgicas y labores privadas en la red social Facebook.

Diferencias entre veeduría y agresiones por motivos de género

Durante la evaluación del expediente, el tribunal diferenció las manifestaciones orientadas al escrutinio oficial de aquellas dirigidas a la denigración individual. Los magistrados ratificaron que el control hacia la gestión comunal cuenta con respaldo en la libertad de opinión; no obstante, subrayaron que dicho marco legal concluye cuando se cosifica o desacredita con fundamentos machistas.

Puntualmente, la Corte observó que diversos mensajes elaborados por el creador digital aludían a conductas de cuidado y tareas del hogar como las funciones que Ortiz Tafur supuestamente debía ejercer, restando relevancia al análisis institucional de su cargo para focalizar los señalamientos en sus rasgos corporales y contenidos de tono sexual.

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Asimismo, los jueces constitucionales resaltaron que la violencia en entornos virtuales no siempre surge de improperios directos o evidentes, por lo cual es obligatorio evaluar las circunstancias del contexto, la constancia en los mensajes emitidos y las estructuras discriminatorias que los sustentan.

Consecuencias de la hostilidad virtual en espacios de deliberación

El tribunal precisó que estas agresiones buscan reducir la participación cívica y visibilidad de las mujeres, transformando los escenarios informativos en terrenos hostiles para su ejercicio representativo. Ante ello, la corporación revocó el fallo de segunda instancia que negaba el amparo y procedió a salvaguardar las garantías fundamentales de Stephany Dayana Ortiz Tafur vinculadas con la dignidad humana, la vida libre de violencias, la imagen, la igualdad, la intimidad y la no discriminación.

Medidas de reparación y órdenes impuestas

Con el fin de restituir los derechos vulnerados, la Sala Cuarta de Revisión dictó un conjunto de órdenes directas para Cristian Camilo Paredes Forero:

  • Eliminar de sus cuentas de Facebook todas las publicaciones señaladas como agresiones digitales basadas en el género, así como cualquier contenido semejante de naturaleza degradante o sexualizada hacia la demandante.
  • Abstenerse de confeccionar y difundir nuevos mensajes que reduzcan, degraden o desacrediten a la gestora social bajo patrones discriminatorios.
  • Publicar disculpas destinadas a la accionante en sus dos cuentas de Facebook en un plazo no superior a cinco días hábiles luego de ser notificado.
  • Completar y acreditar un proceso formativo enfocado en igualdad de género y erradicación de conductas violentas hacia las mujeres en ecosistemas digitales.
  • Divulgar el texto de la Sentencia T-348 de 2026 a través de sus perfiles en la referida plataforma social.

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