Corte Constitucional delimita responsabilidades de influencers en Colombia

Bogotá, Colombia – La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia ha dictado una medida trascendental que busca establecer límites claros y responsabilidades para los creadores de contenido e influencers digitales. La determinación judicial ordena al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y al Congreso de la República la regulación de los derechos y deberes de estos actores en el ecosistema digital colombiano.

Esta decisión surge a raíz de un caso particular que puso de manifiesto la vulnerabilidad de las personas frente a la difusión de información personal sin el debido consentimiento. El fallo enfatiza la necesidad de un consentimiento «previo, libre e informado» para cualquier tipo de publicación que involucre datos sensibles o la imagen de terceros.

El Caso que Precedió la Sentencia Histórica

El origen de esta histórica resolución se remonta a un doloroso episodio de violencia de género. En noviembre de 2020, una joven de 26 años fue víctima de un ataque con ácido perpetrado por su expareja, quien posteriormente se quitó la vida. Este acto dejó a la víctima con graves secuelas físicas y psicológicas, marcando el inicio de un arduo proceso de recuperación.

Entre 2021 y 2023, la mujer fue contactada por una influencer que dirigía un pódcast centrado en historias de superación femenina. La entrevista fue grabada en diciembre de 2023, durante la cual la víctima compartió detalles íntimos y traumáticos de su agresión y proceso de recuperación. Sin embargo, a pesar de su participación, la joven nunca firmó un consentimiento por escrito.

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Fallas en el Consentimiento y Consecuencias Perjudiciales

La víctima denunció que la creadora de contenido omitió informarle adecuadamente sobre aspectos cruciales de la publicación. Esto incluía la totalidad de las plataformas donde se divulgaría el contenido, el alcance real de la audiencia del pódcast y la existencia de monetización derivada del mismo. El episodio fue publicado en enero de 2024, lo que desató una ola de amenazas de muerte y hostigamientos digitales contra la víctima, agravando severamente su salud mental.

A pesar de alertar a la influencer sobre la situación, la respuesta fue limitada: la creadora solo le facilitó un contacto para denunciar ante la Fiscalía, sin tomar acciones directas para retirar el contenido y proteger a la afectada. Ante esta inacción, la víctima interpuso una acción de tutela exigiendo la eliminación de la entrevista, el cese de publicaciones relacionadas, el reconocimiento de los beneficios económicos obtenidos y disculpas públicas por la falta de autorización.

La Posición de la Corte Constitucional sobre el Consentimiento

Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Paola Andrea Meneses Mosquera y Vladimir Fernández Andrade, integrantes de la Sala Sexta de Revisión, analizaron el recurso de tutela. Su dictamen subrayó que, en ciertos contextos, la manifestación del consentimiento debe cumplir con condiciones específicas para ser válida.

La Corte estableció que el consentimiento debe poseer tres características esenciales:

Previo: Debe obtenerse antes de la realización de cualquier acción o el establecimiento de una relación jurídica que implique el uso de información o imagen.
Libre: No debe existir ningún tipo de coacción, presión o fuerza que vicie la voluntad de la persona que otorga el permiso.
Informado: La persona que recibe la información o imagen tiene la obligación de revelar al titular el alcance exacto y detallado del uso que se le dará a dicho contenido.

La Corte fue enfática al señalar que si estas características no se cumplen, el consentimiento carece de validez legal. En sus consideraciones, la Sala manifestó: «Si un creador de contenido o influencer, en ejercicio de actividad periodística, mediante un pódcast, publica o divulga información íntima y utiliza la imagen de una persona sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, ya sea expreso o tácito, o en desconocimiento de su revocatoria, vulnera sus derechos a la intimidad y a la propia imagen».

Impacto de la Decisión y Contexto Legal en Colombia

El fallo amparó los derechos a la intimidad y a la propia imagen de la víctima, determinando que la creadora de contenido vulneró sus derechos fundamentales. Como resultado, la Corte ordenó a la influencer ofrecer disculpas públicas y abstenerse de publicar la entrevista o cualquier material derivado de ella. Adicionalmente, se le exigió adoptar medidas para asegurar el consentimiento informado de futuros invitados, especialmente cuando el contenido aborde información íntima.

La decisión de la Corte Constitucional llega en un momento donde el ecosistema digital en Colombia, al igual que en gran parte del mundo, opera con una marcada ausencia de un marco regulatorio específico que defina los derechos y deberes de creadores de contenido, influencers y plataformas digitales. Esta carencia ha propiciado escenarios de abuso y vulneración de derechos fundamentales, como lo evidenció el caso analizado.

Históricamente, la legislación colombiana ha avanzado en la protección de datos personales y la privacidad con leyes como la Ley 1581 de 2012, pero su aplicación al dinámico y a menudo espontáneo mundo de las redes sociales presenta desafíos. La orden de la Corte Constitucional al MinTIC y al Congreso subraya la urgencia de adaptar el marco legal a las realidades digitales, buscando un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de derechos inherentes como la intimidad, el buen nombre y la propia imagen.

Finalmente, la Corte instó a compañías que gestionan plataformas digitales y redes sociales, como Spotify, Google y Apple Colombia, a difundir esta decisión entre los creadores de contenido e influencers colombianos que utilizan sus servicios. Esta medida busca sensibilizar a la comunidad digital sobre las nuevas responsabilidades que recaen sobre quienes comparten contenido y ejercen influencia en el ámbito virtual del país.