Corte Constitucional decidirá el futuro del caso contra Álvaro Uribe Vélez

El debate sobre la jurisdicción encargada de procesar al expresidente Álvaro Uribe Vélez entra en una etapa definitiva en el alto tribunal constitucional. De acuerdo con información revelada por la periodista Darcy Quinn en La FM, los magistrados deberán establecer si el expediente permanece bajo el resorte de la Fiscalía General de la Nación o si es remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ruta procesal planteada por los abogados defensores del exmandatario.

La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez

El proyecto de fallo elaborado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez plantea que la competencia para adelantar las averiguaciones contra Álvaro Uribe corresponde a la Comisión de Acusaciones. La determinación final dependerá del debate interno y la votación mayoritaria que consoliden los integrantes de la Sala.

Distribución de expedientes en el caso de las 48

En el plano judicial también se abordaron las pesquisas vinculadas con las 48 mujeres mencionadas en recientes averiguaciones estatales, cuyas indagaciones se repartirán conforme al fuero de los involucrados:

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia asumió las diligencias relacionadas con María José Pizarro.
La Comisión de Acusaciones tramitará las materias que involucren al mandatario Gustavo Petro.
La Fiscalía continuará al frente de las demás líneas de investigación.

Las indagaciones podrían motivar comparecencias de directores de entidades y exministros para determinar la vía de ingreso de las hojas de vida y las firmas que avalaron las vinculaciones laborales. En este escenario figura el exministro Armando Benedetti, dado que Deicy Jiménez habría suscrito un contrato en una dependencia bajo su administración. Asimismo, trascendió un mensaje digital en el cual Gustavo Petro habría remitido los datos laborales de Angie Rodríguez para tramitar su vinculación en el Ministerio del Interior.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Contratación estatal y designaciones notariales

El informe periodístico expuso además la situación de Diana Torres Sánchez, quien ejerce como notaria 44 de Bogotá y sostiene una relación de cercanía y amistad admitida públicamente con Gustavo Petro. Durante la actual administración, Torres Sánchez habría obtenido acuerdos contractuales con entidades públicas por cerca de 300 millones de pesos, gestionados prioritariamente mediante el DAPRE.

Junto a su paso por las notarías 43 y 44 de la capital, incluyendo una designación en interinidad fechada para enero de 2026, los entes correspondientes indagan si la funcionaria facilitó su residencia para reuniones privadas del jefe de Estado.

Nombramientos en el servicio exterior y el sector educativo

En el terreno diplomático se constató la recepción del beneplácito oficial para las embajadas de Portugal, Reino Unido y la Santa Sede. En contraste, la designación de Carlos Felipe Mejía para la embajada en España permanece sin confirmación, presuntamente afectada por mensajes agraviantes emitidos previamente por el postulado contra el gobernante español Pedro Sánchez.

Por último, con la participación del director del diario La República, Fernando Quijano, se analizaron las incorporaciones en el Ministerio de Educación Nacional. El equipo sumó a Álvaro José Cifuentes Ramírez en el viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, y a Diego Hernández Losada en el viceministerio de Educación Superior, este último con recorrido en enseñanza virtual y en la estrategia de los digicampos para públicos no tradicionales.