Contraloría revela graves fallas en recursos contra el Cambio Climático en Colombia

Un balance de la Contraloría General de la República sobre el sector ambiental para los periodos 2025 y 2026 expuso serios tropiezos en la puesta en marcha de las estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático. La entidad de control determinó que los desfases presupuestales y los obstáculos operativos impiden que las inversiones públicas mitiguen oportunamente las amenazas climáticas en las distintas regiones colombianas.

Recorte presupuestal y metas cuestionadas

El diagnóstico oficial resalta una marcada disminución en las partidas de inversión para ambiente y desarrollo sostenible dentro del Presupuesto General de la Nación. Durante 2025, estos recursos cayeron un 32% respecto al año previo, descendiendo desde 1,44 billones de pesos hasta ubicarse en 976.371 millones de pesos.

A esta merma de fondos se suman incongruencias en las mediciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La entidad fiscalizadora detectó que el Gobierno reportó cumplimientos físicos que superaban el 100%, a pesar de que el gasto presupuestal asignado registraba niveles reducidos. Esta discrepancia pone en duda la veracidad de los logros notificados, ante la ausencia de planes de acción claros, metas que puedan corroborarse e instituciones formalmente responsables, además de retrasos informativos entre 2023 y 2025 y desarticulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Baja ejecución en fondos ambientales y superávit regional

El informe detalla que el rezago no obedece a la carencia de dinero, sino a trabas constantes para materializar las obras en los territorios. Varios instrumentos financieros mostraron un desempeño deficiente en 2025:

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Fondo Adaptación: utilizó únicamente el 0,82% del presupuesto asignado para proyectos prioritarios de gestión del riesgo.
Fondo para la Vida y la Biodiversidad: ejecutó el 52% de sus recursos, pese a concentrar el 74% de la inversión del Ministerio de Ambiente.
Fondo de Compensación Ambiental: alcanzó un 58% de gasto efectivo en apoyo a las entidades territoriales con menores ingresos.

En contraposición a estas bajas cifras de gasto, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) acumularon un superávit fiscal de 1,72 billones de pesos al cierre de 2025, monto que representa el 30% de sus recaudos anuales y que no se convirtió a tiempo en proyectos territoriales.

Brechas territoriales en planes climáticos

En el ámbito regional, 30 de los 32 departamentos estructuraron un Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial. Sin embargo, apenas 20 administraciones los adoptaron de forma oficial y solo 13 exhiben progresos que se puedan constatar.

Asimismo, el ente de control advirtió desequilibrios en el reparto de las partidas. Regiones con alta fragilidad climática reciben montos inferiores en comparación con zonas menos expuestas al peligro. Entre las áreas afectadas por esta disparidad figuran Guainía, Guaviare y Vaupés en la Amazonia, junto a Arauca, Casanare y Vichada en la Orinoquia.

Balance financiero entre 2019 y 2025

Durante el lapso comprendido entre 2019 y 2025, el país destinó 2,76 billones de pesos a la atención del cambio climático. Las Corporaciones Autónomas Regionales cubrieron el 71% con 1,96 billones de pesos (financiados en un 80% con recursos propios), mientras que las gobernaciones aportaron el 29% restante, equivalente a 807.733 millones de pesos. En términos globales, las CAR ejecutaron 9,6 billones de pesos en inversiones generales, canalizando el 20,4% de ese total a tareas ambientales frente al clima.

Frente a este escenario, la Contraloría General de la República instó a robustecer los mecanismos de supervisión y examen técnico, con el propósito de fiscalizar los dineros públicos y comprobar que los desembolsos se traduzcan en resiliencia y adaptación comprobables en las comunidades.