La Contraloría General de la República (CGR), a través de su Delegada para el Sector de Infraestructura, ha determinado un significativo hallazgo fiscal por un valor de 824.960 millones de pesos contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta imputación surge tras una auditoría de cumplimiento exhaustiva realizada al Contrato de Concesión 4G de Iniciativa Privada Chirajara – Fundadores y otros contratos vinculados a este corredor vial, abarcando las vigencias fiscales de 2022 a 2025. El motivo principal de esta decisión es la persistente inoperancia del Viaducto Chirajara, una infraestructura crucial que, pese a estar terminada, no ha sido puesta en servicio.
El Viaducto Chirajara: Una Infraestructura Terminada y Sin Uso
El hallazgo fiscal se centra en la paradoja del Viaducto Chirajara, una estructura completamente construida y finalizada el 4 de febrero de 2024. A pesar de su culminación y de haber sido objeto de cuantiosas inversiones de recursos públicos, el viaducto no ha obtenido el recibo formal por parte de la ANI ni ha entrado en operación. Esta situación impide que cumpla su propósito fundamental: integrar funcionalmente la doble calzada del corredor vial Bogotá – Villavicencio y, en última instancia, garantizar la prestación continua, eficiente y segura del servicio público de transporte.
La auditoría de la CGR evidenció que, a pesar de las entregas de tramos viales entre junio de 2015 y febrero de 2024, un segmento de 6.5 kilómetros de la Vía Bogotá – Villavicencio permanece inactivo. Esta interrupción se debe a daños no reparados en el Túnel 13 y al colapso del Puente 1 del sector 3A, ocurrido el 15 de junio de 2019 cerca del kilómetro 58 de la vía. Estos incidentes han generado un cuello de botella que impide la funcionalidad plena del Viaducto Chirajara, a pesar de su estado óptimo de construcción.
La Responsabilidad de la ANI y el Laudo Arbitral
Uno de los puntos clave destacados por la Contraloría es la responsabilidad de la ANI en esta situación. Un laudo arbitral, emitido el 10 de noviembre de 2023, ya había señalado que la ANI asumió el riesgo de inestabilidad de la ladera del kilómetro 58, y que esta asunción de riesgo se dio después de que ocurrieran los daños estructurales. En consecuencia, el laudo condenó a la ANI a ejecutar las intervenciones necesarias para reparar tanto el Túnel 13 como el Puente 1 (conocido como Quebrada Seca), con el objetivo de poner en operación estos tramos, el Viaducto Chirajara y el segmento de doble calzada que los integra.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Para la CGR, la Agencia Nacional de Infraestructura ha sido deficiente en adelantar, de manera adecuada y oportuna, las gestiones necesarias para viabilizar y ejecutar estas reparaciones. Han transcurrido más de 32 meses desde la emisión del laudo arbitral y 29 meses desde la finalización del Viaducto Chirajara sin que la ANI haya logrado una solución efectiva. Esta inacción no solo retrasa la puesta en servicio de una infraestructura vital, sino que también expone los recursos públicos invertidos a un riesgo de deterioro progresivo.
Contexto de la Infraestructura Vial en Colombia y el Corredor Bogotá-Villavicencio
Este incidente no es un hecho aislado en el panorama de la infraestructura vial colombiana. El corredor Bogotá-Villavicencio, en particular, ha sido históricamente un punto neurálgico de desafíos geológicos y estructurales, así como de complejas dinámicas contractuales y administrativas. La construcción y mantenimiento de esta vía, vital para la conexión entre el centro del país y los Llanos Orientales, ha estado marcada por deslizamientos, fallas estructurales y, como lo demuestra el caso de Chirajara, por demoras significativas en la operación de obras ya concluidas.
La interconexión de la capital con el oriente colombiano es estratégica para el transporte de carga, la agricultura y el turismo, y cualquier interrupción prolongada impacta directamente la economía regional y nacional. La falta de articulación efectiva entre la finalización de obras y su puesta en marcha operativa, como se observa en el Viaducto Chirajara, no solo representa un perjuicio fiscal directo, sino también un costo de oportunidad en términos de desarrollo económico y eficiencia logística que afecta a miles de ciudadanos y empresas.
La supervisión de la Contraloría General de la República en este tipo de proyectos de gran envergadura es crucial para garantizar la correcta inversión de los recursos públicos y la rendición de cuentas por parte de las entidades responsables. El hallazgo en el caso del Viaducto Chirajara subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura en Colombia, a fin de evitar que proyectos estratégicos se conviertan en «elefantes blancos» o generen perjuicios económicos que recaen, en última instancia, en el erario público.
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