El Consejo de Estado ha declarado la ‘muerte política’ del expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, al ratificar que el exparlamentario incurrió en una causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias. Esta determinación judicial lo inhabilita para ejercer cargos públicos, sumándose a la investigación penal que enfrenta por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Tráfico de influencias en la reforma pensional
La alta corte concluyó que Name Vásquez, quien presidió el Senado entre 2023 y 2024, utilizó su posición para favorecer la tramitación de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Según el fallo, esto se habría logrado mediante la cesión del control de sesiones clave a la senadora María José Pizarro, una acción que el Consejo de Estado vincula a concertaciones previas con Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.
El fallo argumenta que el entonces presidente del Senado «favoreció el trámite de la reforma pensional a cambio de la obtención de un provecho indebido, ajeno a la ética parlamentaria y al principio de representación democrática». Se añade que Name «antepuso su investidura parlamentaria, disfrazada de una falsa oposición, lo que se tradujo en la cesión reiterada y deliberada de la presidencia de la Corporación que asumió, marginándose así de las funciones que constitucional y legalmente le correspondían».
Manejo indebido de la presidencia del Senado
La sentencia fue enfática al señalar que «se configuró, por lo tanto, el ejercicio indebido de influencias en el que, gracias a su investidura y a su calidad de presidente del Senado de la República, gestó el trámite de la reforma pensional, apartándose de sus funciones de presidente y competente para dirigir las sesiones, cediendo dicho poder a la senadora María José Pizarro». El tribunal consideró esta conducta «indigna de un congresista que trasgrede gravemente la moralidad pública y el principio de representación».
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →La decisión surge de una demanda que cuestionaba el uso del cargo de Name en 2023 para influir sobre Sandra Ortiz. El objetivo habría sido que ella gestionara con Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, el pago de coimas por 4.000 millones de pesos. Este dinero, presuntamente, se entregaría a Name y al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de su respaldo a las iniciativas legislativas del gobierno nacional.
Según la sentencia, Carlos Ramón González habría sido quien «ordenó entregar una dádiva al entonces senador» Name, gestionada a través de Sandra Ortiz, Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Ausencias clave y «falsa oposición»
El fallo criticó la estrategia de Name de ‘hacerse el loco’ en sesiones importantes para aparentar una postura opositora a las propuestas gubernamentales. Se destaca que el expresidente del Senado se ausentó en 14 de las 16 sesiones plenarias realizadas entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024, fechas cruciales para la aprobación de la reforma pensional. En estas ausencias, la senadora María José Pizarro Rodríguez presidió las sesiones.
El Consejo de Estado concluyó que este patrón de ausencias y cesiones de la presidencia, sin justificación legal o fáctica, no fue una situación accidental. «No se explica por qué, al no mediar ausencias, vacancias o la imposibilidad -material- demostrada para ejercer la presidencia, el accionado prescindiera de la labor que le fue encomendada y a la que estaba obligado», precisa el fallo.
Contrariedad con la Procuraduría
Durante el proceso, un delegado de la Procuraduría solicitó desestimar la demanda, argumentando que no se probó que Name ejerciera influencia sobre Sandra Ortiz ni que ella recibiera algo a cambio. El delegado José Darío Castro señaló que no existía «prueba alguna que acredite en debida forma las circunstancias de tiempo, modo y lugar» de una influencia sobre Ortiz o una presión sobre López o Pinilla para el desembolso de dinero.
El Ministerio Público también resaltó que Name, aparentemente, no apoyó en su labor legislativa las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado refuta esta tesis, al indicar que «aunque aparentemente el entonces senador Name Vásquez revelaba una marcada oposición a las iniciativas del Gobierno Nacional, concentrándose en reivindicar la autonomía del Congreso de la República frente a las presiones del Ejecutivo, lo cierto es que, las consignas a las que apelaba, como la búsqueda de consensos o la imperiosa necesidad de discutir los proyectos».
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